Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Eric Chavelas Hernández
Chilpancingo, Gro. 29 julio 2019. / Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), aseveraron que están en proceso de construir una iniciativa de ley para restituir sus derechos en materia de seguridad y justicia, que aseguraron los diputados de la anterior legislatura «borraron de tajo».
Este lunes ofrecieron una conferencia de prensa esos
coordinadores encabezados por Juan García de la casa de justicia de El Paraíso;
Alberto Rojas León de la casa de justicia de Zitlaltepec; Eufemio Cesáreo
Sánchez de la casa de Las Juntas Caxitepec; Taurino Reyes Leyva de la casa de
Espino Blanco y Adulfo Esteban de la Cruz de la casa de justicia de San Luis
Acatlán.
Ahí insistieron que la legislatura que concluyó su período en
septiembre del año pasado aprobó una reforma que intenta «borrar de tajo
nuestros derechos reconocidos internacional mente por el libre ejercicio como
pueblos indígenas y afro mexicanos».
Y recordaron que por ello decidieron recurrir a una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), a donde se han tenido que manifestar en dos ocasiones para plantear sus
posturas ante esas modificaciones que aprobaron los diputados de la anterior
legislativa y que consideran son un retroceso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
«Tlachinollan», Abel Barrera Hernández dijo que en los últimos cinco
meses hay un proceso de replanteamiento de una nueva iniciativa de ley, que
esperan presentarla en las próximas semanas en el Congreso del Estado para
«restituir» los derechos que han ganado en una lucha de más de 25
años.
Señalaron que no avalan los planteamientos del secretario de
Gobierno, Florencio Salazar Adame que ha defendido esas reformas aprobadas en
la anterior legislatura, «que en la letra atenta gravemente contra
nuestros derechos y a pesar de esa campaña seguimos fortaleciendo nuestros
procesos organizativos».
El coordinador de Espino Blanco, Taurino Reyes Leyva dijo que
esos procesos organizativos son entre las cinco casas de justicia y no tienen
nada que ver con la Unión de Organizaciones y Pueblos del Estado de Guerrero
(UPOEG), «no hay acuerdos, ni convenios en lo oscurito, trabajamos las
cinco casas no con otros grupos; somos respetuosos de su trabajo, cada quien es
responsable de sus actos, hacemos un llamado al presidente, al gobernador es
tiempo que volteen a donde están los pueblos originarios, es necesario que
trabajemos por el bien de los pueblos».
Y se refirió a la estrategia de Seguridad del gobierno
federal a través de la Guardia Nacional, «llevamos 24 años abanderado las
luchas que garanticen la libre determinación y es lo mismo que la Guardia
Nacional nos debe garantizar; no tenemos ningún divorcio con ellos, nosotros
damos seguridad a los ciudadanos del territorio comunitario y ellos a la
población en su ámbito de trabajo».
Agregó que la Guardia Nacional respete su sistema de justicia que opera en 250 comunidades indígenas a través de esas cinco casas de justicia en 24 municipios de la región de la Montaña y la Costa Chica donde tienen presencia desde hace más de dos décadas.
Eufemio Cesáreo de la casa de Las Juntas, reiteró que la CRAC-PC «no estamos en contra de la Guardia Nacional, pedimos qué nos respeten nuestro trabajo y nosotros seremos respetuosos del suyo también» y aseveró que hay pláticas con autoridades para el trabajo coordinado.