**Las violaciones a los derechos humanos que se cometieron ayer, hoy se siguen cometiendo y no ha cambiado nada en Guerrero en materia de justicia: Vidulfo Rosales
Texto y fotografías: Jesús Saavedra
Tlapa de Comonfort, Gro., 09 de agosto de 2019.- El gobierno que encabeza, Andrés Manuel López Obrador debe considerar la creación de un mecanismo extraordinario de justicia que investigue graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero y casos como la guerra sucia de la década de los 70, la masacre de copreros, Aguas Blancas, El Charco y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que los responsables sean castigados y los casos no se queden impunes.
Así se demandó en el foro: Palabras de vida, campo de esperanza que se realizó este viernes por la mañana en la Casa Católica de la diócesis de Tlapa en el marco del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Durante la jornada de este viernes se organizaron cuatro paneles de trabajo a lo largo del día y el primero fue el que llamaron, «De la guerra sucia a la trágica noche de Iguala: el continuum de la violencia e impunidad».
En este panel hablaron sobre hechos que se constituyen en graves violaciones a los derechos humanos como la masacre de 19 personas el 30 de diciembre de 1960 cuando se conquistó la autonomía universitaria y de la que habló, Juan Luquin López, hijo de una señora asesinada en esa fecha.
Pero también hablaron de la masacre de una treintena de copreros en Acapulco en agosto de 1967 y del que se encargó de hablar el luchador social, Eloy Cisneros Guillen; Karla Nogueda Radilla dio su testimonio de la lucha de su familia por encontrar a don Rosendo Radilla y a centenares de Desaparecidos en la guerra sucia de la década de los setenta.
De la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino habló de os 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas en junio de 1995 y del asesinato de 11 supuestos guerrilleros en El Charco en el municipio de Ayutla en junio de 1998 y de cuyo caso habló la señora, Eustolia Castro Ramírez, viuda de uno de los caídos en esa ocasión.
Enseguida habló la señora, Hilda Legideño Vargas madre de uno de los normalistas desaparecidos hace casi cinco años y reseñó que su vida cambió desde septiembre del 2014 «es una pesadilla lo que estamos viviendo, tuvimos que dejar la casa para buscar a nuestros hijos, las autoridades no nos dieron respuesta de inmediato a la exigencia de que presentaran a nuestros hijos y nos quisieron engañar».
Aseveró que tras esos hechos en Iguala, el gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto les ofreció «dinero, pero es dinero que no vale, lo más preciado son nuestros hijos a los que vamos a seguir buscando, eso no tiene precio y nuestra dignidad tampoco».
Dijo que el gobierno de Peña Nieto primero les dijo que sus hijos estaban en fosas clandestinas y luego que fueron incinerados en el basurero de Cocula, «son noticias que nos han dolido, tuvimos que solicitar ayuda internacional porque no había confianza con tanta mentira del gobierno».
Doña Hilda sostuvo que en el gobierno de Peña Nieto «han criminalizando a nuestros hijos, su único delito era querer estudiar, no contábamos que eso iba a suceder y los desaparecieran de esa manera».
Reiteró que espera que ahora se retome de verdad las cuatro líneas de investigación que ha planteado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), «no aceptamos mentiras de Enrique Peña Nieto y su verdad historica».
Aseveró que ven voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al crear la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, a la que se han sumado dos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Angela Buitrago y Francisco Cox, «quisiéramos que estuvieran todos, que estuviera completo porque gracias a ustedes nos dan claridad, hay presencia de la ONU, de los padres porque el gobierno nos ha engañado no hay confianza total en el gobierno mexicano».
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que con esos testimonios en este panel de trabajo, se concluye que «las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron ayer, hoy se siguen cometiendo y no ha cambiado nada en Guerrero en materia de justicia».
Rosales Sierra consideró que el reto en el estado «es que las víctimas nos articulemos y en el marco de este gobierno progresista exijamos la conformación de un mecanismo extraordinario de justicia, que investigue todas esas violaciones a los derechos humanos y evitar que la impunidad continúe en Guerrero» agregó.