Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 31 de agosto de 2019.- Los anuncios que hizo el gobierno federal para invertir recursos y firmar convenios de colaboración con instituciones internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de 26 mil cuerpos es una esperanza para miles de familias, aseveró la oficina de la Organización de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos (ONU-DH).
Lo anterior luego que este viernes en el marco del día internacional de Desaparecido, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diera a conocer una serie de acciones para identificar los cuerpos de 26 mil personas que se encuentran sin identificar en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
A través de un comunicado, la ONU-DH en México dio su «apoyo y respaldo a las víctimas de desapariciones, alienta a toda la sociedad mexicana a solidarizarse con las personas afectadas por uno de los crímenes más atroces que puede existir y saluda las medidas anunciadas desde Palacio Nacional por integrantes del Gobierno en presencia del Presidente de la República».
Consideraron que el anuncio del gobierno de López Obrador de considerar este problema social como “prioridad, son pasos de gran trascendencia para superar la inercia de dolor y dar comienzo a una nueva etapa. Para lograrlo, será necesario que se profundicen las medidas adoptadas, se ejecuten de manera efectiva y generen los resultados que con todo derecho las víctimas demandan. La actual administración de la República está frente a la oportunidad de revertir el curso de la historia y poner fin a la práctica generalizada de desaparición de personas que desde hace décadas lacera día con día a las víctimas».
Por ello dieron la bienvenida al anuncio del gobierno federal de reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales.
«Se trata de una exigencia de las víctimas que abrirá caminos de justicia y fortalecerá la protección internacional de sus derechos. La ONU-DH recuerda las acciones promovidas por diversos actores para lograr este trascendental paso, incluidas las acciones judiciales emprendidas por las familias y la campaña de la ONU-DH lanzada para este propósito. De igual forma, la ONU-DH saluda la disposición el Estado para materializar la visita a México que el Comité ha solicitado de forma insistente desde 2013 y la disposición de avanzar en la resolución de los casos sometidos a la consideración de los organismos internacionales de derechos humanos».
Aseveraron que la reafirmación de la obligación del Estado mexicano de buscar a todas las personas desparecidas y hacerlo bajo el principio de búsqueda en vida resulta igualmente positiva, «tal y como lo establecen los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y han exigido las familias, la búsqueda debe realizarse bajo la presunción de vida, respetar la dignidad de las víctimas y practicarse de manera inmediata».
Señalaron que la atención de la “emergencia forense” por medio de la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense con participación internacional «abre las puertas a una solución efectiva e innovadora a uno de los aspectos más terroríficos de la crisis que vive México, con decenas de miles de restos humanos sin identificar en todo el país. Esta acción, en línea con lo recomendado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet al término de su visita a México, debe además complementarse con un efectivo fortalecimiento del sistema forense nacional».
La ONU-DH dijo que la decisión de «reforzar las capacidades de búsqueda de personas por medio del fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con elementos comisionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la firma de acuerdos de colaboración con instituciones científicas como el CONACYT supone un gran avance para dar certeza a las familias».
Y consideraron que «en un estado de derecho los responsables de las desapariciones deben rendir cuentas ante la justicia. La falta de castigo imperante en el país es una de las principales causas de la repetición de este atroz crimen. Es necesario que la nueva Fiscalía General de la República designe a una persona idónea para el puesto de Fiscal Especial, incorpore al Plan Nacional de Persecución Penal el combate a la desaparición de personas como una de sus prioridades e investigue adecuadamente las desapariciones, así como las irregularidades que se han dado con motivo del procesamiento de casos de desaparición».
Consideraron que la atención a las víctimas «tiene que ser constante y ajustarse a las mejores prácticas internacionales; la designación de la nueva persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe recaer en una persona con el perfil apropiado para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas. Cualquier reforma al marco regulatorio en materia de víctimas debe ser el producto de un proceso abierto y participativo que escuche a las víctimas y a otros actores interesados».
E hicieron un llamado a los gobiernos de los Estados que «asuman también sus responsabilidades de conformidad con las obligaciones internacionales y nacionales en la materia, respetando siempre el principio de participación de las familias. La desaparición de personas es un reto colosal que precisa el compromiso de todos los órdenes de gobierno para enfrentarlo».
Agregaron que la ONU-DH «confirma su deseo de seguir acompañando a las víctimas en su legítima e incansable exigencia de justicia, búsqueda efectiva, reparación integral, verdad, memoria y no repetición. Como dijo la Alta Comisionada al fin de su visita a México, Michelle Bachelet ‘sin ustedes, nada».