Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 14 de noviembre de 2019.- Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó hacer un exhorto al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para pedirle que los Jueces de los Juzgados de Distrito y los Magistrados de los Tribunales de Circuito del país, «apliquen el marco jurídico internacional en materia de Justicia Indígena, respetando los Sistemas Normativos en la regulación y solución de conflictos a través de sus Autoridades Comunitarias y Regionales», puesto que en Guerrero se ha iniciado una persecución contra autoridades comunitarias.
El exhorto lo propuso la bancada de Morena y el cual fue aprobado por unanimidad, a cambio el PRI subió otro exhorto en el tema del fertilizante y se aprobó por unanimidad, se «planchó» para que ambos exhorto parlamentarios salieran en votación unánime.
Para fundamentar el acuerdo subió a tribuna el diputado de Morena, Aristoteles Tito Arroyo quien recordó que el sistema de justicia comunitario de los pueblos originarios es reconocido en la Constitución del Estado y en la Constitución de la República; pero que además la ONU considera que la «base de las comunidades originarias ha demostrado ser en los últimos años una estrategia eficaz y productiva de la actividad policial a nivel local, ya que son parte de la propia comunidad y sus estructuras comunitarias funcionan en colaboración con ellas; detectando los problemas delictivos y de perturbación que afectan al vecindario local, respondiendo para resolverlos».
El legislador de Morena por un distrito indígena de la región de la Montaña, señaló que en Guerrero el Sistema Comunitario de Seguridad se rige a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), a través de la aplicación de sistemas normativos de procuración y administración de justicia, «donde resuelven sus conflictos con apego a sus prácticas tradicionales, lengua, cultura y condiciones que las propias comunidades asumen como parte de su identidad; atendiendo así, los problemas que suceden al interior de sus pueblos y comunidades, quienes además, están conformados por sus propios integrantes, elegidos por sus Asambleas Comunitarias».
Tito Arroyo, sostuvo que la CRAC-PC da «seguridad a las comunidades, pues sus conflictos no son resueltos por funcionarios públicos que desconocen sus prácticas tradicionales, sino que contrario a ello, es la misma comunidad quien resuelve sus conflictos, considerando lo más apropiada para la comunidad».
En ese contexto recordó que el pasado 12 de agosto se tramitó un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la Ciudad de Acapulco, donde solicitaban protección de la justicia federal a una persona que fue sometida al sistema de justicia comunitario y que cometió el delito de asesinato.
Resaltó que el juez del Segundo Juzgado de Distrito, José Artemio Navarrete Sánchez, dictó sentencia en sentido que: «el proceder de las Autoridades comunitarias no puede justificarse constitucionalmente, ya que el actuar de estas autoridades no se hace bajo el respeto irrestricto del sistema Constitucional y convencional establecido. Mencionando también que el Derecho a la libre determinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, no autoriza a las autoridades comunitarias a realizar actuaciones arbitrarias, violentando con dicho criterio el Pluralismo Jurídico, reconocido en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados y los Convenios Internacionales de los cuales México es parte».
Pero además el mismo juez, Navarrete Sánchez ordenó al ministerio Público Federal y del Estado de actuar en contra de los dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla por haber procesado bajo la justicia comunitaria a esta persona que asesinó a un vecino de esa localidad, denunciaron el jueves de la semana pasada durante la marcha de la CRAC-PC en esta capital, quienes exigieron respeto a sus usos y costumbres.
Este jueves en la sesión, el legislador de Morena señaló que es «motivo de preocupación la intervención y desconocimiento por parte del Poder Judicial Federal, las determinaciones que constitucionalmente encuentran protección en el marco internacional, pues jueces de distrito y magistrados de circuito, dictan amparos con plena invasión a la jurisdicción indígena, prácticas tradicionales e identidad cultural, pasando por alto su deber de establecer el mecanismo de control de convencionalidad».
Y advirtió que esa sentencia del Juez de Distrito, José Artemio Navarrete Sánchez «se convierte en una herramienta de violación al pluralismo jurídico» de la Constitución y «criminalizando con este criterio, a las autoridades comunitarias, quienes su único deber ha sido, prevalecer la seguridad de las comunidades, y aplicar sus Sistemas Normativos aceptados por sus asambleas Comunitarias».
Por ello se aprobó por unanimidad un exhorto al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea «para que instruya a los Jueces y Magistrados Federales, apliquen el marco jurídico internacional en materia de Justicia Indígena, respetando sus usos y costumbres en la solución de conflictos a través de sus sistemas normativos propios».