Texto: Bernardo Torres
Fotografía: Alberto Gomez
Chilpancingo, Gro. 09 diciembre 2019.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, señaló que ha sido imposible medir el nivel de ayuda que requieren desplazados de comunidades del municipio de Zirándaro, toda vez que ni el Estado ni la Federación han precisado las cifras.
Indicó que es un caso complejo, al no contar con un número preciso, pues en la última visita que hizo a las instalaciones del DIF municipal, sólo fueron encontradas 150 personas.
«Tengo entendido que en esta marcha que se realizó la semana pasada no hubo un grupo considerable de estos desplazados, lo que no quiere decir que no los haya, lo que sí puede ser que estén muy dispersos, y se requiere de un censo para poder hablar del nivel de apoyo que se requiere», señaló.
El presidente de la CDHEG, reconoció que es una situación difícil, pues los desplazados se mueven de un lugar a otro, impidiendo un censo preciso, para lo cual se tendría que acudir a las comunidades.
Expuso que la comisión está brindando su apoyo en la medida de lo posible, y algunas de las alternativas que se han comentado es la reubicación de los desplazados, aunque el objetivo principal es que se restablezcan las condiciones de seguridad para que regresen a sus comunidades.
Hasta ahora, de acuerdo con información proporcionada por el presidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, suman más de mil 500 personas desplazadas, de unas 40 comunidades en los últimos meses.
Sobre la retención de 15 elementos de la Guardia Nacional por la autodefensa de la UPOEG en Tecoanapa, dijo que el problema de fondo es la detención de 10 miembros de esta organización, con procesos abiertos ante los tribunales federales, donde deben desahogarse y donde no tiene injerencia el Gobierno del Estado.
Navarrete Magdaleno, consideró que fue oportuna la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, antes de que la situación escapara, pues había trascendido entre la población que la Guardia Nacional preparaba un operativo de rescate de sus elementos.
«Pactamos una reunión para el día 13 a la una de la tarde en Acapulco, en la que nos vamos a sentar a dialogar sobre la posibilidad de que sus abogados tomen algunas acciones legales que permitan arribar al convencimiento del juez de su inocencia», adelantó.
Sin embargo, reiteró que el caso está en el Poder Judicial de la Federación y que no hay ninguna acción política o constitucional que puedan realizar la CDHEG o el Gobierno del Estado que pueda imperar sobre la decisión que tome el juez.
«Todas esas acciones que se hacen al margen de la ley tienen alguna consecuencia, pudiera ser y por eso nosotros apresuramos la atención para que las cosas no tuvieran que concluir en una acción de fuerza de las instancias oficiales», dijo.
Otro de los acuerdos, es que la Comisión de Derechos Humanos estará pendiente de sus compañeros internos en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, y sin que se les den privilegios, si cuenten con algunas medidas de seguridad, pues muy probable que algunos de los detenidos por la UPOEG estén en este mismo reclusorio.
Con respecto a la posible reducción presupuestal para el próximo año a esta comisión, dijo que están luchando por visibilizar el trabajo que se hace en beneficio de la población, y acciones como la realizada este fin de semana deben valorarse por parte del Poder Legislativo.
«Esas acciones yo creo que deben valorarse, las instituciones que ejercen su trabajo aún en condiciones complejas, pero que no paramos nunca, entonces yo creo que si valdría la pena un análisis del Congreso para que esto se refleje en el apoyo a la institución, entonces esperamos un incremento por modesto que sea», confió.