Texto: Bernardo Torres
Tlapa, Gro., 19 de diciembre de 2019.- El activista y dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, pudo haber sido enterrado vivo en una fosa clandestina y cuyo cuerpo fue hallado 40 días después de su desaparición, reveló la autopsia, según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
De acuerdo con los resultados de la autopsia, Arnulfo Cerón murió el mismo día en que fue privado de su libertad en la Ciudad de Tlapa, fue torturado, y aún con vida habría sido lanzado en una fosa de más de dos metros de profundidad, tapado con tierra, perdiendo la vida por «asfixia por sofocamiento, en su modalidad de orificios respiratorios».
El Director del Centro de DD HH, Abel Barrera, explicó que no está 100 por ciento determinada la causa de su muerte, pues fue severamente torturado, tapado de la boca y los ojos con cinta canela, y su cuerpo fue hallado en avanzado estado de putrefacción.
Expuso que la gravedad de este caso, obligó a que fuese atraído por el Gobierno Federal, y que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, se implementaran acciones para dar con su paradero, sin embargo, no fue localizado con vida, sino en esta fosa clandestina.
La búsqueda, finalmente dio resultados, y motivó a que se iniciara una búsqueda más amplia, logrando el hallazgo de otros restos humanos que confirmaron el fenómeno de la desaparición forzada en el municipio y municipios aledaños.
En este momento, tanto familiares como organizaciones, han insistido al Gobierno del Estado que se esclarezcan los hechos, se dé con los autores materiales e intelectuales de este homicidio, aunque ya hay algunas personas detenidas, esperan que se llegue a la justicia.
«Se necesita saber el móvil, porque para nosotros como defensores, el único trabajo que Arnulfo desempeñaba era como defensor, siempre estuvo apoyando a los colonos, apoyando a los comerciantes, a las comunidades», dijo.
Estas actividades, abundó, fueron la causa del quiebre con las autoridades municipales, la exigencia de que rindieran cuentas respecto a 26 millones de pesos que se utilizarían en obras de infraestructura educativa que el Frente Popular de la Montaña había gestionado.
El nuevo gobierno, negó a desarrollar dichas obras, lo que dio pie a movilizaciones del frente, bloqueos a vías públicas, que detonaron la molestia de las autoridades municipales.
«Arnulfo denunció incluso que si algo le pasaba, sería por su labor como defensor de derechos humanos y que responsabilizaba a las autoridades municipales, por eso exigimos que esa línea de investigación sea agotada y tiene que saberse el móvil y autoría intelectual», dijo.