Texto: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 24 de enero de 2020. – Tras ocho días de bloqueo, habitantes y familiares de los 10 músicos asesinados el viernes pasado en Mexcalcingo liberaron este viernes la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de la entrada al poblado de Alcozacán.
Lo anterior luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores y otros funcionarios de su administración acudieran a ese lugar y dieran respuesta a las demandas del sistema comunitario de la CRAC-PF, entre estas el de replegar a la gente armada que se encuentra en el crucero del Jagüey e instalar filtros se seguridad en la zona, así como investigar y detener a los responsables del reciente multihomicidio.
No obstante, el coordinador de esa organización, David Sánchez Luna advirtió al mandatario estatal que si no cumple con los acuerdos, los cuales quedaron asentados en un acta, volverán a apostarse en esa vía de comunicación. Inclusive amenazó con bloquear la carretera Chilapa-Tlapa.
El jefe del Ejecutivo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), David Portillo Menchaca, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (CEDHG), Ramón Navarrete Magdaleno y el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, llegaron a Alcozacán alrededor de las 12:17 horas de hoy y se reunieron con las viudas de los 10 músicos masacrados y con los representantes de la CRAC-PF.
Sánchez Luna expuso al gobernador la situación de violencia que han padecido desde hace varios años por el grupo delictivo “Los Ardillos” y por su brazo armado, la “Policía Comunitaria de la Paz y la Justicia”, la cual, dijo, ha cometido diversos crímenes en contra de la población.
“Ahí (en Tula, municipio de Chilapa) constantemente están amenazando a la comunidad. Por cierto el 25 de diciembre del año pasado me dispararon, por poco me andaban pegando los balazos”, recordó David a Astudillo Flores y a los funcionarios presentes.
Por lo anterior, el coordinador urgió al mandatario la instalación de filtros de seguridad permanentes: uno en la entrada de la comunidad de Tula, a la altura del panteón; un segundo en el crucero del Jagüey, en donde, dijo, se encuentran apostados hombres armados de la “Policía Comunitaria de la Paz y la Justicia”, quien está al servicio de Los Ardillos, y un tercer filtro en el poblado de Ayahualtempa, ubicado en el municipio de José Joaquín de Herrera.
El dirigente dijo que los habitantes de Tula facilitarían un terreno para que ahí sea construida una base o un campamento de la Guardia Nacional o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En respuesta, el gobernador dijo de entrada que se hablará con los “policías comunitarios” para que retiren su retén del crucero del Jagüey.
En su intervención, David Portillo Menchaca explicó a los presentes que sería instalado en el crucero de Tula un campamento policial y que las tareas de vigilancia se realizarán bajo un esquema de turnos: “en un horario va a estar la Secretaría de Seguridad Pública; en un segundo horario va estar la Guardia Nacional y un tercer horario va a estar la Sedena con el fin de no descuidar otras zonas”.
Dijo que la base de operaciones que se encuentra en la comunidad de Rincón de Chautla se va a reforzar y de ahí “desprender base de operaciones móviles, es decir vamos a atender la problemática en Ayahueltempa, pero va ser móvil, no podemos estar fijos, porque si nos quedamos fijos en otro lugar podemos descuidar el otro y con ello mantener siempre vigilada la carretera Chilapa a Hueycantenango y viceversa”.
Se investigará a los responsables
En cuanto a la petición de desmantelar y girar órdenes de aprehensión contra miembros de Los Ardillos y de su brazo armado, la “Policía Comunitaria de la Paz y la Justicia” a quienes acusan de atacar a balazos sus comunidades, el gobernador propuso a David Sánchez Luna interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, en cuyo documento, le dijo, estén escritos los nombres de los presuntos responsables y con ello se integre una carpeta de investigación.
En la reunión también se estableció el compromiso de que la masacre de los diez músicos ocurrida el viernes pasado en Mexcalcingo, será investigada hasta llegar a los responsables.
Apoyo a las viudas de las víctimas
En cuanto a esta petición, el gobernador recordó que ya se está apoyando a las ocho viudas y dos madres que dejó como saldo el reciente crimen. No obstante, Sánchez Luna dijo que hay otras 14 mujeres que no han sido atendidas de años atrás, a lo que Astudillo se comprometió a revisarlos.
A petición de los habitantes, el gobierno del estado se comprometió también a gestionar cajeros automáticos para que las familias puedan cobrar sus apoyos y remesas que les envían de Estados Unidos de Norteamérica, sin necesidad de salir a Chilapa o Hueycantenango, uno de ellos se instalaría en Alcozacán y otro en Mexcalcingo.
Sobre los cuerpos que faltan por entregar
En su intervención el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó que el resto de los cuerpos de los músicos asesinados serían entregados a sus familias dentro de 12 o 15 días, pues no se ha terminado de recabar las pruebas genéticas y con ello realizar las confrontas para lograr su identificación.
“En cuanto estén los perfiles genéticos se habrán de entregar los cuerpos, no podemos adelantar más porque el hueso tiene un desgaste natural y debemos esperar a que se obtengan los resultados”, dijo.
Tras agotar en la reunión una relación de 29 demandas, el jefe del Ejecutivo pidió a los dirigentes de la CRAC-PF valorar la permanencia de los 19 niños dentro de las filas de su Policía Comunitaria, luego de que este miércoles fueron armados para defenderse del grupo delictivo Los Ardillos.
“Yo soy muy respetuoso de lo que ustedes decidan, pero creo que es de interés del Gobierno Estatal, Federal y de todos que cuidemos a los niños. Yo les hago un planteamiento respetuoso, no voy a cometer un exceso, valórenlo ustedes porque se lo planteo como su gobernador y su amigo. Los niños tienen becas, hay que hacer lo posible para que vayan a las escuelas”.
No obstante, ante los reclamos de que hay faltante de maestros y de planteles aperturados por la inseguridad, el gobernador se comprometió hacer lo posible para que haya las condiciones y con ello el regreso a clases.
Consultado después de la reunión, el coordinador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez Luna dijo que los habitantes de Alcozacán externaron que no están del todo satisfechos con algunas respuestas del gobernador, principalmente en materia de justicia para las familias de las víctimas de la violencia.
No obstante, tras ocho días de bloqueo, los pobladores liberaron la carretera Chilapa-Hueycantenango. Sin embargo, David Sánchez Luna advirtió al mandatario estatal que si no cumple volverán a apostarse en esa vía de comunicación. Inclusive amenazó con bloquear la carretera Chilapa-Tlapa.