Texto: Juan Blanco

Fotografía: Eric Chavelas Hernández

Chilpancingo, Gro. 17 febrero 2020. – Dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), acusaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores planteó a la SCJN emitir una postura para que el Congreso local no apruebe su iniciativa de nueva Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Por lo anterior, los líderes anunciaron que emprenderán una jornada de lucha que estará acompañada de marchas, bloqueos, pronunciamientos y otro tipo de protesta realizada fuera y dentro de su territorio comunitario.

En conferencia de prensa este lunes, en esta ciudad, los coordinadores, acompañados por el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachilollan, Abel Barrera Hernández, detallaron que el mandatario envió el planteamiento a la Suprema Corte la semana pasada, pero que fue rechazado. 

«Está solicitando el gobernador a la Suprema Corte a que intervenga, que de una opinión para que avale la ley (701) que ya está, que de una opinión técnica para que diga que la ley actual es suficiente y que cubre los estándares de reconocimiento de los pueblos indígenas y que no hay necesidad de impulsar una nueva ley», precisó en su intervención Barrera Hernández.

No obstante, dijo el activista, ese órgano respondió al titular del Poder Ejecutivo que no es la instancia ni su función fijar una postura, sino que es competencia del Congreso de Guerrero, pues es en este Poder donde fue presentada la iniciativa de ley.

«Ya la suprema Corte de Justicia les dijo que eso no pueden hacer, eso no es su papel y que por lo tanto hay el derecho de continuar con ese iniciativa», dijo el también defensor de los derechos humanos.

En la lectura de un comunicado, el coordinador de la CRAC-PC en la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, ubicado en la zona de la Montaña Alta, Taurino Reyes Leyva recordó que los diputados de la 61 legislatura pasada (2018), aprobó reformas para desconocer en la Constitución del estado y en la ley 701, a su sistema de justicia y seguridad comunitarias.

Precisó que en esta ley se abrogó todo el capítulo de la justicia indígena, desconociendo las facultades de la CRAC-PC, para realizar tareas de seguridad, justicia y reinserción social.

Tras el marco constitucional que fue eliminado a la CRAC-PC y que le impide seguir funcionando legalmente, denunció, en el último año se han registrado hechos violentos contra sus autoridades, como es el caso del coordinador Julián Cortés Flores, asesinado el 13 de abril de ,2019, afuera de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Por lo anterior, el alcalde de Malinaltepec, quien también acompañó a los dirigentes de la CRAC-PC, Abel Bruno Arriaga exhortó al Poder Legislativo a que apruebe la iniciativa de creación la una nueva ley en materia de derechos humanos de los indígenas y afromexicanos, promovida por ese sistema comunitario.

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