Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 12 mayo 2020.- El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» consideró que la publicación del decreto del presidente, Andrés Manuel López Obrador para dar atribuciones al Ejército y la Marina en tareas de seguridad hasta el 2024 se dio en un contexto «no idoneo» de emergencia sanitaria por el Covid-19 o coronavirus, con lo que se confirma la continuidad de la política pública en la materia de gobiernos federales del PAN, PRI y ahora en Morena.
Señalaron que con el decreto se ha confirmado la militarización de la Seguridad Pública en México y consideraron que es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice «la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional para fortalecer controles externos e internos».
El director de ese Centro, Santiago Aguirre indicó a través de redes sociales que ese decreto que publicó el Diario Oficial de la Federación «es un acuerdo que establece las facultades que podrá llevar a cabo las fuerzas armadas de manera permanente mientras intervenga de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública, lo que durará hasta el 2024 mientras se termina de constituirse y se fortalece la Guardia Nacional».
Subrayó que es un acuerdo «que viene a darle contenido a diversas disposiciones que estaban legisladas desde el año pasado cuando se reformó la Constitución para formar la Guardia Nacional, aquella reforma había facultado al presidente para disponer de las fuerzas armadas mientras se constituía la Guardia Nacional, pero no había quedado claro cuáles serían las facultades de las fuerzas armadas y su intervención».
Dijo que no se había delimitado, «si sería una intervención por región respecto de ciertos delitos o con qué atribuciones precisas; ahora el el acuerdo viene a concretar esas facultades y lo hace de manera amplia porque el Ejército y la Marina quedan facultados para prevenir el delito, realizar detenciones, resguardar bienes, intervenir en las aduandas, en fin una serie de atribuciones que confirman que en los próximos años será el Ejército y la Marina quienes se encarguen de la Seguridad Pública del país hasta que exista la Guardia Nacional».
Dijo que la política en materia de Seguridad, «estará fuertemente impregnada del espíritu castrense, por lo tanto se viene a confirmar la militarización de la Seguridad Pública en un giro sorpresivo de esta administración, que no esperábamos».
Por ello consideró que «es muy importante que la SCJN examine las atribuciones de la Guardia Nacional para que pueda establecerse los controles internos y externos de esta intervención de las fuerzas armadas en Seguridad Pública; esas atribuciones les tocaría prevenir cualquier tipo de delito, incluido el fuero común».
Agregó que el decreto viene «a concretar reformas del año pasado y las inercias de sexenios pasados de que el Ejército y la Marina sean responsables de la Seguridad Pública, el acuerdo fue publicado en un contexto que no es el idóneo y vienen a fortalecer al Ejército y la Marina en tareas que no les son propias y que tendrían que ser tareas de autoridades civiles».
Añadió que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha implementado «políticas de continuidad de anteriores administraciones en la materia de Seguridad Pública» y en concreto de las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.