Texto: Staff
Chilpancingo, Gro., 24 de mayo de 2020.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», Vidulfo Rosales Sierra advirtió que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado se apresta para rechazar la iniciativa de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicanos que recabaron en foros de consulta que realizaron las propias comunidades desde el año pasado.
Lo anterior en el contexto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya inválido las reformas constitucionales del 2018, que aprobaron los diputados de la anterior legislatura y que fue motivo de controversia constitucional que interpusieron autoridades y pueblos Originarios afectados por esas reformas y a los que finalmente se les dio la razón.
Rosales Sierra, dijo este domingo que desde hace más de 30 años los pueblos indígenas y Afromexicano iniciaron una lucha por la reivindicación y afirmación de nuestros derechos, «por miles de años se pisoteó, expolió y esclavizó a los dueños de estas tierras.
Se destruyó y asimiló nuestra cultura y cosmovisión, erigiéndose e imponiéndonos una monocultura occidental. A la postre se nos invisibilizó, ni siquiera en las proclamas independentistas o de reforma aparecemos, incluso algunos liberales consideraron que éramos un obstáculo para el progreso y desarrollo».
En ese sentido puso como contexto que el levantamiento armado de 1994 del EZLN en Chiapas «le daría más consistencia al movimiento indígena y en los acuerdos de San Andrés Larraínzar se enumeran las más altas aspiraciones de nuestros pueblos. Producto de estas luchas es el artículo 2 de la Constitución Federal.
No obstante en Guerrero el marco normativo no se armonizó hasta 2011 que se creó la Ley 701 de Reconocimiento, derecho y cultura de los Pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero y a los años siguientes sería reformada la constitución reconociendo parcialmente a los pueblos indígenas en los artículos 8 al 14″.
Y hasta el 2018 el ejecutivo y legislativo derogaron este reconocimiento tanto de la Constitución y la Ley 701, pero el 20 de abril pasado la SCJN «declaró inválida esta reforma a la ley 701» que fue aprobada en el 2018 en la anterior Legislatura.
Vidulfo Rosales, recordó que desde el año pasado autoridades y los pueblos Originarios, acompañados de la fracción de Morena «impulsaron una reforma integral a la Constitución que reconozca nuestros derechos.
Se realizaron parlamentos abiertos y foros organizados por los pueblos y organizaciones sociales y de derechos humanos, producto de ello hoy día la Jucopo tiene una iniciativa que presentó la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicano el año pasado».
El abogado de «Tlachinollan», aseveró que ahora los diputados locales, «se niegan a dictaminar y aprobar la iniciativa, pues aducen varios argumentos, a mayoría débiles y de forma: que no se hizo bien la consulta y que la SCJN no les ha notificado la resolución que invalida la reforma de 2018; este debate tuvo ocasión la semana pasada y más o menos esta la posición de los partidos que están en contra del reconocimiento de nuestros derechos».
Y denunció que la fracción del PRD en el Congreso del Estado movilizó este sábado, «a sus representaciones principalmente de la Montaña -varios de ellos expresidentes municipales- fueron recibidos por la Jucopo.
En la reunión aquellos dijeron que no fueron consultados -aún cuando los propios oradores admitieron haber estado en varios foros- y que las elecciones a través de los sistemas normativos causará confrontación en los pueblos, sin fundamentar por qué».
Rosales Sierra, dijo que están preocupados porque los integrantes de la Jucopo «les aseguraron que podrían regresar tranquilos, ya que todos los partidos votarán en contra (de la propuesta de Reforma que se encuentra en la Comisión de Asuntos Indígenas), incluso 9 de Morena. Lo anterior es sumamente preocupante.
Los diputados pretenden mandar a la cesta legislativa una iniciativa que condensa más de 30 años de lucha de los Pueblos indígenas y Afromexicano».
El abogado sostuvo que el rechazo a esta iniciativa tiene que ver con una parte de un «ala conservadora, neocolonial y racista de los partidos que se opone al reconocimiento constitucional de nuestros derechos, le tienen desprecio y miedo al indio, ellos son nuetros adversarios de siempre con la que hemos librado una lucha de clases histórica, estos están representados por el PRI, PAN y Partido Verde y otros partidos satélites».
Denunció que la otra vertiente «es la que se opone a que los pueblos indígenas elijan sus gobiernos a través de sus sistemas normativos; el reconocimiento y ejercicio de esta prerrogativas implicaría que cerca del 40 por ciento de los municipios elegirán sus gobiernos de esta forma.
Esto implicaria la pérdida de la hegemonía del sistema de partidos y todas las prerrogativas que reciben, pero también varios dirigentes de partidos que han construido sus cotos de poder en estos territorios, los perderían y sus grandes y jugosos negocios se verían seriamente afectados».
Señaló de manera directa a esa otra vertiente a «algunos líderes del PRD, los paisanos que ayer fueron al Congreso del Estado con la Jucopo son peones el tablero del ejedrez de éstos, que ahora algún acuerdo y cochupo habrán hecho con los de la primera vertiente».
En ese sentido, Vidulfo Rosales consideró que «no existen pues fundamentos y motivos válidos para negar el reconocimiento a nuestros derechos.
«La iniciativa de mérito es integral no electoral, contiene los derechos políticos, pero también al uso y disfrute de nuestros territorios, el derecho a la justicia y seguridad, educación, salud, alimentación, derechos lingüísticos, acceso a la comunicación a la preservación de sus ciencias y artes y el acceso a los presupuestos. Esto es lo sustantivo, la consulta es la forma, pero aun así hicimos una gran consulta, hubo un proceso de organización y participación inédita que no se puede cuestionar, si los diputados no participaron fue porque la desdeñaron».
Subrayó que la resolución de la SCJN del 20 de abril de este año «es una ruta distinta el proceso legislativo que derivó en la iniciativa que analiza la Jucopo, este un esfuerzo y una lucha diversa. No nos engañemos ni nos querramos ver la cara diputados».
Consideró que los legisladores «tienen un deber de aprobar la iniciativa y si consideran que la consulta que hicimos no cubre los requisitos constitucionales que sea el máximo Tribunal quién la revise, no son Ustedes Diputados con todo respeto, los que interpretan la Constitución».
Y les recordó «que existen sendas recomendaciones de organismos internacionales y nacionales, así como resoluciones de órganos jurisdiccionales que los obligan a armonizar el marco normativo estatal con los estándares constitucionales y convencionales», finalizó.