**Pretenden autoridades otorgar control a grupo armado para permitir explotación minera, denuncia
Texto: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro. 02 junio 2020.- Elementos de la Policía Estatal hostigan y amenazan a familias desplazadas por la violencia en el el Municipio de Leonardo Bravo, denunció, Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón».
Dijo que las familias recurrieron al Centro Morelos, a quien denunciaron que la Policía Estatal está allanando los domicilios donde se están refugiándose las familias desplazadas de Iyotla y Tepozonalco, los amenazan e interrogan, y exigen que entreguen las armas.
«Les han revisado los teléfonos celulares, donde desafortunadamente han encontrado los números de los compañeros del Centro Morelos, y les han exigido saber del porqué tienen estos números», dijo el activista.
En estos cateos, abundó, los elementos policiacos que irrumpen en los domicilios revuelven muebles y ropa, con el argumento de que buscan gente sospechosa, situación que dijo ya veían venir, ante el interés de las autoridades de posicionar a uno de los grupos armados.
«Sabemos que en el fondo de esta irrupción del grupo delincuencial y todo el accionar de la Policía del Estado y las otras corporaciones tienen que ver con el control de la explotación minera», acusó Olivares Hernández.
Hizo un llamado a las organizaciones no gubernamentales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que asuman su responsabilidad, elaboren y den trámite a las quejas correspondientes, que lo hagan de oficio como les compete.
«No es posible que la seguridad esté en manos de un grupo delincuencial cuando esta tarea corresponde a las autoridades, y máxime que el Gobierno Federal representado por Andrés Manuel López Obrador haya firmado el acuerdo para que la Marina y el Ejército asuman tareas de seguridad pública hoy no sean capaces de garantizar esa seguridad», reprochó.
El director del Centro Morelos, reprobó que los elementos policiacos y del Ejército sigan violando los derechos humanos de los desplazados, quienes en varias ocasiones han acusado complicidad de esta corporaciones con el grupo armado de Tlacotepec.
Hizo un llamado al Gobierno de Guerrero a que frene la ola de violencia en esta zona y desarticule cuanto antes a todos los grupos delincuenciales que operan en la entidad y que cedan en sus intenciones de explotar la minería en esta región conocida como «el cinturón de oro».
Lamentó que los tres niveles de gobierno sean omisos con las familias desplazadas a quienes incluso les pretenden retirar los apoyos sociales, bajo el argumento de que si se desplazan hasta Chilpancingo pueden acceder a fuentes de empleo.