Texto: Juan Blanco
Chichihualco, Gro., 03 de junio de 2020. – Joaquina Cantor Gasparillo, de 48 años de edad, huyó con sus dos dijos pequeños de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, a causa de la violencia ejercida por los cárteles de la droga de Los Ardillos y Los Rojos, quienes, desde meses antes del 8 de noviembre de 2018, se disputaban ese municipio de la zona indígena de la región Centro del estado, que dejó en ese entonces un saldo de varias personas muertas y heridas.
A ese vía crucis se unieron 17 familias más, quienes en esa fecha se desplazaron y refugiaron en una cancha techada sin paredes de la cabecera municipal de Copalillo, en la zona Norte de Guerrero, sufriendo fríos y pequeñas raciones de comida, ante la falta de apoyos gubernamentales.
Ante las amenazas de muerte por parte de Los Ardillos que asumieron finalmente el poder en Zitlala, al menos 40 personas decidieron alejarse de ese lugar y junto con 300 desplazados por la violencia de una docena de comunidades de la zona serrana del municipio de Leonardo Bravo, viajaron a Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, en donde se plantaron y exigieron apoyos alimenticios y garantías de seguridad para regresar a sus pueblos.
Pero al no haber respuesta inmediata a esta última petición, el 29 de marzo de 2019 los afectados regresaron y encontraron refugio en Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón».
Las familias de Tlaltempanapa vislumbravan paz, armonía, hasta que la semana pasada integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, presunto brazo armado de una célula criminal que opera en Tlacotepec, irrumpieron en los poblados Iyotla y Tepozonalco y se enfrentaron a balazos con sicarios del Cártel del Sur que opera en Chichihualco; que dejó como saldo tres muertos y 200 nuevas personas desplazadas.
Derivado de ello, este martes agentes de la Policía Estatal allanaron los domicilios particulares de las recientes familias afectadas y de las de Tlaltempanapa, para buscar presuntamente a los actores de los recientes hechos violentos
Tal es el caso de Joaquina Cantor Gasparillo, de 48 años de edad, quien este miércoles en Chichihualco relató que sin una orden judicial al menos ocho agentes de esa corporación ingresaron a su vivienda y hostigaron y amenazaron a sus hijos de 12 y 8 años de edad y a su madre de 80 años de edad.
«Mientras platicaba con un policía afuera de mi casa, otros se metieron y sacudieron mi cama y revisaron las mochilas de mis niños. Me preguntaron que porqué tengo muchas colchonetas y les dije que nosotros tenemos muchas colchonetas porque somos desplazados», les argumentó.
Abundó que los oficiales inspeccionaron minuciosamente los teléfonos celulares tanto de ella como de su hijo, y que en tonos prepotentes preguntaron el porqué tiene contactos con la delegada del gobierno del estado en la región Centro, Norma Yolanda Armenta Domínguez y con el director del Centro de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», Manuel Olivares Hernández.
Dijo que tras el allanamiento de su hogar, su mamá sufrió crisis nerviosa por lo que se vio obligada a internarla en el hospital básico comunitario de Chichihualco y fue sometida a tratamientos médicos para reducir su padecimiento.
Cantor Gasparillo no descarta interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pues calificó las actuaciones de la Policía Estatal como una violación a sus derechos humanos.