Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro. 04 de junio del 2020.- El promotor de la Policía Comunitaria (CRAC- PC) Gonzalo Molina, manifestó su preocupación ante la situación que enfrentan los presos políticos dentro de los reclusorios en esta etapa crítica de la pandemia por el covid-19.
De acuerdo a las declaraciones del ex preso político, ya han entregado un documento al director de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Este documento está basado en el decreto emitido por la Organización Mundial de la Salud y por el del Consejo Nacional de Salubridad General donde se estipula que tendrían que disminuir en un 70 u 80% la población de los reclusorios.
«En base a ese decreto es una ley obligatoria para los gobiernos, dice ahí que todo lo que suceda a los reclusos, principalmente a los presos políticos, será considerado un crimen de lesa humanidad. Ya tiene tiempo que les estamos llevando documentos con información de los compañeros presos, y el Poder Judicial no ha liberado ni a un solo preso político. Nosotros estamos pidiendo la libertad de 43 presos políticos en el estado», dijo Molina.
Abundó que si llegara u ocurriera la muerte de uno de los compañeros no dudarán en presentar una denuncia a nivel internacional, pues considera que las autoridades no están acatando las disposiciones adecuadas, sobre todo porque entre los presos políticos hay personas con vulnerabilidad ante el nuevo coronavirus, tal es el caso de Benito García, quien tiene una enfermedad inmunológica.
Cabe mencionar que dentro del penal se han registrado otros casos de negligencia pues uno de los presos políticos perdió un testículo producto de la tortura que sufrió en su detención para declararse culpable, ahora necesita realizarse estudios médicos que le están siendo negados.
«Estamos pidiendo que se le haga la prueba de Estambul misma que se la están mandando hasta dentro de un año. La otra es sentenciarlo ya, pero lo quieren sentenciar culpable y sin hacerle la prueba».
El gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho en reiteradas ocasiones que en Guerrero no hay presos políticos y que «a nadie se le persigue por sus ideas» frente a estas declaraciones Gonzálo Molina recuerda que «en Guerrero, sí hay presos políticos, hay casos bien claros como el caso de Julio Coctecón que siendo policía comunitario está preso por detener a unos que estaban haciendo males, eso no es posible. Siendo policía comunitario esa era su función y su obligación, pero lo acusan de privación ilegal de la libertad, y ese delito alcanza fianza y sin embargo no le han fijado fianza».
Luego agregó: «claro se ve que el gobierno quiere mantenerlo encerrado como escarmiento para que los demás policías tengan miedo. Eso mismo quisieron hacer conmigo. Soy ex preso político y promotor indígena de algunos pueblos de la Montaña, tengo mis nombramientos, porque algunos medios hasta eso, ya me quitaron el nombramiento de promotor».
Finalizó exigiendo a los tres niveles de gobierno la liberación de sus compañeros, quienes declara, sólo han buscado el bienestar de las comunidades del estado.