Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografías: Francisca Meza/Archivo
Chilpancingo, Gro., 07 de junio de 2020.- Han transcurrido 22 años de la masacre en el Charco, tiempo en que los sobrevivientes aún anhelan se haga justicia a todas las víctimas que, a mano del Estado, fueron asesinadas esa cruenta madrugada.
La madrugada del 6 de junio, en el Piñal, Ocote Amarillo y Coscatlán, comunidades aledañas al Charco, se suscitó un enfrentamiento entre dos columnas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y elementos del Ejército mexicano de la 27 Zona Militar, coordinados por Alfredo Oropeza Garnica. Se dice que el enfrentamiento duraría hasta 16 horas.
Esa misma tarde, pobladores del Charco se encontraban reunidos en la escuela Caritino Maldonado Pérez, donde por mucho tiempo se manejó la versión de que sostenían una asamblea en la cual se consultaba con la población algunos proyectos productivos. Actualmente, algunos sobrevivientes han dado a conocer otra versión.
Todo se desprende en enero de 1998, el EPR había sufrido una fractura interna, por lo que el grupo guerrillero ya fraccionado, dio origen a un nuevo movimiento armado conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Posterior a esta ruptura, según declaraciones hechas por Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre y ahora activista, el ERPI acudió al poblado del Charco para consultar con la población civil, a cuál de los dos movimientos iban a apoyar. La decisión fue tomada y algunos habitantes que visitaban de zonas más alejadas se quedaron a pasar la noche en la primaria, pues la reunión continuaría a la mañana siguiente.
Fue a las 2 de la madrugada del 7 de junio cuando el Ejército mexicano -quien ya había replegado al ERPI en los enfrentamientos cercanos- descendió a la escuela primaria, donde civiles se encontraban aún descansando en los salones, hasta que escucharon el resonar de las botas y se percataron que estaban siendo cercados.
Al grito de <<¡salgan, les vamos a dar su chilate con pan! ¡salgan, entreguen las armas!>> los militares comenzaron a acecharlos. Comenzó el terror, salió el primer civil pidiendo que no dispararan, aclarando que no tenían armas.
Valieron poco las palabras del hombre, al igual que otras 10 personas fue asesinado a quemarropa por los militares. La masacre tuvo un saldo de 11 muertos y 22 detenidos, mismos que fueron trasladados a la Novena Región Militar, ubicada en Cumbres de Llano Largo.
Lo que viene después trae consigo una cadena de abusos de autoridad y tortura física y psicológica. El calvario inició al arribar a la región militar, les vendaron partes estratégicas del cuerpo (ojos, nudillos, rodillas, genitales) y durante 2 días los sometieron a tortura por medio de descargas eléctricas.
Para Erika Zamora los interrogatorios comenzaron aún estando la masacre. El General Alfredo Oropeza Garnica ordenó aislarla en uno de los sanitarios de la escuela y procedió a preguntarle sobre los altos mandos de la guerrilla a lo que ella respondió que no sabía más de lo que se sabía por los medios de comunicación. La respuesta fue contundente <>.
Posteriormente fue trasladada en helicóptero a la Región Militar de Cruz Grande, para después trasladarlos nuevamente a la Novena Zona Militar donde los interrogatorios suben de tono y la tortura se hace presente.
La llevan a los baños de la zona y le dicen que se quite toda la ropa, la atan con las manos hacia atrás y la sientan sobre una silla de lámina. Derraman agua en el suelo y colocan una picana hasta perder el conocimiento provocado por la descarga eléctrica.
Al reaccionar del shock le obligan a firmar unos papeles en los que declara ser parte del ERPI y la portación de un arma exclusiva del ejército. Al verse violentada y amenazada decide firmar.
Erika llego a pisar el penal de máxima seguridad ‘Puente Grande’ en Jalisco, y aunque dicho reclusorio es exclusivamente para hombres estuvo ahí en deplorables condiciones. Después sería recluida en el penal de Chilpancingo, Guerrero, hasta que fue absuelta el 30 de mayo del 2002 por el Tribunal Colegiado, tras 22 días de huelga de hambre.
A pesar de que la presencia del Ejército mexicano y su participación en las ejecuciones extrajudiciales es innegable, no se ha podido conseguir un juicio justo para las víctimas.
A 22 años de la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso para declarar un fallo al Estado mexicano y a quienes resulten responsables.