Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 07 junio 2020.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» señaló que a 22 años de la masacre de El Charco en el municipio de Ayutla de los Libres, sigue siendo un ejemplo claro que la actuación del Ejército en tareas de seguridad y sin un control civil va a provocar graves violaciones a los derechos humanos.
Este domingo se cumplieron 22 años en que el Ejército irrumpió en la comunidad indígena de El Charco, donde 11 personas muertas a tiros y 5 heridos, «la madrugada del 7 de junio las tropas del Ejército Mexicano llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego dispararon contra los indígenas que se encontraban pernoctando en la escuela después de una reunión de autoridades comunitarias que habían sostenido», recordó esta organización no gubernamental.
«Tlachinollan», explico que el 6 de junio de hace 22 años en esa comundiad se realizó una reunión «en la que se dieron cita varios comisarios y principales de comunidades vecinas. Analizaban y discutían como mejorar su alimentación y condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización. Estaba programado que el día 7 al finalizar los trabajos los promotores de salud darían atención médica a los pobladores».
Subrayaron que «la mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte.
Estuvo detenida junto con los varones».
Indicaron que por esos hechos «nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos. El único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas que les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años.
Pero hasta la fecha no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército mexicano».
Y explicaron que por este hecho se recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el organismo ha emitido informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado».
Aseveraron que a 22 años de esa masacre, la comunidad de El Charco, «sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria».
En ese sentido y en el contexto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de un decreto presidencial, les otorgó facultades extraordinarias en materia de Seguridad hasta el 2025, en tanto se consolida el cuerpo de la Guardia Nacional, «Tlachinollan» dijo que es necesario recordar este antecedente ocurrido hace 22 años.
Sostienen que la masacre de El Charco «es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero.
La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad. Esta es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición».
Este Centro señaló que esas «graves violaciones a los derechos humanos como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos.
Si bien es cierto, al inicio de la actual administración federal se habló de justicia transicional y de comisiones de la verdad, la idea no se tradujo a políticas y acciones de gobierno concretas, se han privilegiado otros temas en detrimento de este gran pendiente».
Y por ello pidieron a la administración de López Obrador «abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer, verdad, justicia reparación integral del daño y adopte medidas para que graves violaciones a los derechos humanos como la de El Charco no se reediten».