Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 08 julio 2020.- En el contexto de la pandemia por el Covid-19 en México, organizaciones de derechos humanos y autoridades federales acordaron implementar medidas urgentes para atender a miles de familias que trabajan como jornaleros agrícolas y que son de los grupos más vulnerables por las condiciones en las que se transportan a los centros de cultivo donde laboran y por las pésimas condiciones de vivienda, salud y alimentación en donde viven hacinados en su mayoría y en condiciones sumamente precarias.
Y acordaron además establecer una mesa de trabajo urgente en la que participen organizaciones sociales que defienden los derechos de los jornaleros agrícolas y secretarías federales como del Trabajo, Salud, Agricultura, IMSS, entre otras, para establecer objetivos comunes en la búsqueda de las mejores de condiciones de vida de casi 3 millones de personas que son jornaleros agrícolas en México.
Este miércoles la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (Sader), organizó una mesa de debate denominada «Jornaleros agrícolas en medio del Covid-19: ?cómo prevenir y atender a esta población vulnerable?», que se transmitió a través de la página de esa dependencia federal.
En el panel virtual participaron funcionarios federales, académicos, especialistas en el tema, empresarios y representantes de organismos ciudadanos que han documentado las precarias condiciones en las que viajan y trabajan a campos de cultivo (en la mayoría en el norte del país), miles de familias de Jornaleros Agrícolas.
Más de 3 millones de jornaleros en México que trabajan en condiciones de hacinamiento
Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas dio a conocer que según estampaciones en México hay casi 3 millones de personas jornaleras trabajando directamente en los centros de trabajo agrícola y asociados a los jornaleros otras 9 millones de personas más, las cuales en su mayoría viven en condiciones de hacinamiento e insalubres.
Dijo que en su mayoría esos jornaleros agrícolas son indígenas y que frente a la pandemia por Covid-19 el gobierno federal compartió la “Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas”, así como la “Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19”, de los cuales ninguno de los dos se está aplicado.
Señaló que en esta pandemia esas familias de jornaleros, «continúan enfrentando diversas situaciones que evidencian la violación de sus derechos, y el difícil acceso que garantice la atención necesaria ante un posible contagio por Covid-19, sobre todo la población jornalera que se ha ido integrando o se van a integrar en el presente semestre del año al trabajo agrícola en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, y no sólo en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur».
Puso como ejemplo que abril y mayo, «han fallecido 3 niños y niñas de 6 meses, 5 y 8 años, originarios del estado de Guerrero; dos perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una camioneta, los hechos ocurrieron en Sinaloa y Guanajuato. Sus muertes son el resultado de falta de acciones públicas coordinadas y de protección integral para las infancias insertas en contextos de migración laboral».
Insistió que «no hay ningún tipo de acción a pesar de la guía sanitaria y genera muchas limitantes, no hay un diagnóstico que nos diga exactamente la problemática de la geografía en México del jornalero, las familias subsisten por sus propios medios, porque hay rezago en los datos, debemos ubicar la radiografía de la movilidad y el perfil de los jornaleros, de sus derechos y llevaría que todo lo que se implemente en materia de políticas públicas».
Dijo que se deben de «generar sanciones por no garantizar condiciones dignas de familias jornaleras; priorizar la importancia de la migración interna en México; necesitamos saber cuántos jornaleros están infectados con Covid no hay mapeo de los casos y urge que se haga un diagnóstico y el tipo de atención que se brinda, cómo se acompaña y quién los vigila».
No hay monitoreo y atención a Jornaleros, lo que es grave: Tlachinollan
En su participación el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», Abel Barrera Hernández dio a conocer que esa zona marginada de Guerrero los jornaleros agrícolas se concentran en los municipios de Tlapa, Cochoapa, Atlamajalcingo del Monte, y Alcozauca, quienes tienen que salir de sus comunidades para no morirse de hambre ante la falta de trabajo para sostener a sus familias.
Dijo que en la región «hay un problema fuerte porque no se tienen atendidos los puntos de salida de la población jornalera: en Guerrero por ejemplo están como puntos de salida: Ometepec, Chilapa y Tlapa y donde había una mínima atención con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas el cual desapareció y no funcionan; no hay instancia que se encargue de verificar cuando menos las condiciones de salida de esa población vulnerable».
Recordó que en Tlapa está la Unidad de Atención a Jornaleros Agrícolas que se apoya en un Consejo de Jornaleros «para que ellos mismos se atiendan, hemos pedido un módulo de Salud para verificar el estado de salud de esta población la cual viaja sin saber en qué condiciones se van, pero también en qué condiciones llegan».
Informó que de enero a mayo «Tlachinollan» tiene un recuento de salida de al menos400 jornaleros agrícolas de la región de la Montaña, pero que en mayo y junio la salida se disparo a 6 mil personas que migraron a campos de cultivo del país en plena curva de ascenso de la pandemia del Covid-19, «pero no hay monitoreo y atención a los jornaleros y eso es grave».
Dijo que la mayoría es población mixteca «la que esta saliendo de sus comunidades, son asalariados no calificados y los trabajadores más vulnerables que no se protege de parte de las autoridades; en la Montaña nos interesa que se garantice la atención cuando menos a la población de esos 5 municipios en la Montaña».
Barrera Hernández, consideró que se debe de «garantizar el piso básico de la Salud de la población jornalera en México y a la población más vulnerable, pero no hay infraestructura hospitalaria mínima para atenderlos, hay la necesidad de hacer ese esfuerzo, están saliendo sin protección y sin un diagnóstico médico».
Víctor Suárez Carrera subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, dijo al último que se va a establecer una Mesa de trabajo interinstitucional para atender las propuestas hechas, pero que de manera inmediata se habrá de pedir una «revisión de las condiciones de vivienda para los jornaleros en los campos agrícolas donde trabajan, el inicio de revisión y atención de Salud en puntos de salida y de llegada; además de las viviendas, de distribución de equipos de Salud como cubrebocas y gel antibacterial a esa población vulnerable».