Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 06 agosto 2020.- El Movimiento Indígena y Afromexicano (MIA) aseveró que el Congreso de Guerrero sólo está buscando pretextos para no discutir la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se presentó desde diciembre del año pasado y que se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales para su análisis, discusión y elaboración del dictamen, lo cual no ha sucedido.
Así lo denunció, Marcos Matías Alonso promotor de esas reformas constitucionales que promueve el MIA, quien lamentó que esa Comisión «no ha presentado el dictamen sobre la Iniciativa de Reforma Constitucional en referencia. Las autoridades comunitarias han solicitado información sobre el avance en la dictaminación de la Iniciativa de Reforma Constitucional. Sólo silencio han encontrado por parte de los legisladores del Congreso».
Matías Alonso, explicó que se conformó un Comité Técnico Comunitario (CTC), «que fue mandatado por las autoridades comunitarias y por la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso para coadyuvar en el proceso de discusión de los contenidos de la Iniciativa».
Indicó que el 20 de julio pasado enviaron un oficio al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Jesús Villanueva a quien le piden «un informe del seguimiento dado y el estado actual que guarda la citada iniciativa o, en su caso, las reformas constitucionales y legales que esa legislatura local haya aprobado al respecto, con la finalidad de informar a nuestras autoridades sobre el derecho que les asiste».
Denunció que a la fecha la Jucopo «no ha respondido a la solicitud formal del CTC; es un derecho de los pueblos de informarse sobre las diversas decisiones que han tomado los diputados y un derecho conocer el status en que se encuentra la iniciativa de ley».
Señaló que el 1 de junio fueron atendidos por los diputados de Morena, Jesús Villanueva Vega; del PRI, Héctor Apreza Patrón y del PRD, Bernardo Ortega Jiménez con quienes acordaron «instalar una Mesa Técnica para revisar la reforma constitucional y generar los consensos necesarios para avanzar en su dictamen y el 24 de junio iniciar la revisión técnica entre el CTC y el poder legislativo”.
El ex director del Instituto Nacional Indigenista (INI), aseveró que los diputados «no cumplieron con ninguno de los dos compromisos del y de junio, «a la fecha no se ha instalado la Mesa Técnica y tampoco se ha hecho ninguna revisión de los contenidos de la propuesta».
Sostuvo que el CTC «hace múltiples esfuerzos por mantener un diálogo constructivo y propositivo con la Jucopo» y que están en la disposición de instalar «Mesa Técnica Legislativa para avanzar en el proceso de revisión de temas de debate y construir gradualmente los consensos».
Recordó que han pedido al Congreso la instalación de esa Mesa el próximo 9 de agosto, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que la Jucopo emitió un pronunciamiento para aclarar que los anexos y la documentación sobre la reforma constitucional en materia indígena y afro no han sido entregados por el promovente de la iniciativa, que sostienen no tiene el respaldo legítimo de la consulta indígena.
Pero sostuvo que «los parámetros que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros instrumentos internacionales, se cumplieron cabalmente en esta consulta indígena».
Indicó que el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Aristóteles Tito Arroyo «hizo entrega a la Mesa Directiva del Congreso una extensa relación de anexos y varios documentos comprobatorios de cuatro parlamentos abiertos (relatorías, listas de asistencia y fotos) y la base documental de diez foros de consulta indígena realizados en varias regiones de Guerrero».
Marcos Matías Alonso, afirmó que «los parlamentos abiertos como los foros de consulta indígena, se hicieron respetando y cumpliendo con la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
La iniciativa de reforma constitucional resiste cualquier compulsa en campo, prueba o revisión documental. Además de todo lo anterior, los observadores de la CNDH y del INPI participaron en todo el proceso y ellos podrán dar fe del cumplimiento con los estándares internacionales y la normatividad nacional», agregó.