Texto: Staff
Chilpancingo, Gro. 07 agosto 2020.- La oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, demandaron al gobierno de Guerrero acciones urgentes para la protección de los periodistas en la entidad, luego del asesinato del reportero, Pablo Morrugares y de los ataques armados contra inmuebles en donde se albergan las oficinas de tres periódicos en Iguala.
Las dos organizaciones decidieron emitir un comunicado en conjunto, donde expresaron su «profunda preocupación por la situación de libertad de expresión y ataques contra la prensa en el estado de Guerrero y le solicitan acciones urgentes para proteger la vida de periodistas en Iguala».
En el comunicado sostienen que en Guerrero, en la zona que comprenden los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco «existe una permanente disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona; en medio de esa lucha se presiona y amenaza a periodistas para que digan o dejen de decir cosas de acuerdo con los intereses de dichos grupos».
Indicaron que tienen conocimiento que desde inicios de este año «decenas de periodistas han recibido amenazas contra su integridad y las de su familia, provocando autocensura, miedo e incluso desplazamientos. El 17 de marzo se publicó un video en Facebook en el cual se ve a un grupo de personas encapuchadas portando armas largas. En el video se amenaza a toda la prensa de Iguala. Entre las y los comunicadores amenazados se mencionó al director del medio PM Noticias, Pablo Morrugares».
Y señalaron que ante «la falta de reacción de su gobierno frente a esta situación, la violencia contra la prensa se agravó aún más. El pasado 2 de agosto Morrugares y su escolta fueron asesinados por un grupo de sujetos armados. Horas antes del crimen el periodista realizó una trasmisión en vivo en la página de Facebook de PM Noticias donde hizo comentarios referentes a la presencia de grupos de la delincuencia organizada y los vínculos existentes entre estos y la policía. Morrugares era beneficiario del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas».
Recordaron que dos días después del asesinato de Pablo Morrugares, también en Iguala, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas con armas de fuego, «los hechos ocurrieron a plena luz del día. En ese inmueble se maquilan cuatro periódicos: El diario de Iguala, el diario de Taxco, Redes del sur y Diario de la Tarde de Iguala».
Manifestaron que desde el 2005 a la fecha han sido asesinados 16 periodistas en Guerrero y 6 en los últimos cinco años «hasta la fecha ninguno de estos hechos se ha esclarecido ni hay ningún responsable condenado».
Recordaron que el año pasado Artículo 19 «ubicó a Guerrero como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. En los últimos 10 años, dicha organización documentó 280 ataques contra la prensa en la entidad.
Estas agresiones incluyen amenazas de muerte y de desaparición, privación ilegal de la libertad, campañas de desprestigio, desplazamiento interno forzado, intimidación con armas de fuego por parte de policías, allanamientos y robos de equipo, ataques físicos y asesinatos».
Por ello consideraron que se «necesita la implementación de acciones contundentes que garanticen justicia y la no repetición de crímenes contra la libertad de expresión para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística, la cual es esencial para el fortalecimiento de la democracia».
Subrayaron que la crisis de violencia que atraviesa Guerrero «solo podrá enfrentarse en la medida en que la ciudadanía cuente con acceso a diversas fuentes de información y hasta que la prensa pueda expresarse libremente y sin temor a represalias sobre los hechos de relevancia pública que suceden en el estado. Es su responsabilidad como gobernador garantizar estas condiciones antes de que más periodistas sigan perdiendo la vida».
Y le pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores que «con la mayor urgencia que su gobierno tome medidas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Iguala y en todo Guerrero, considerando como mínimo: reconocer públicamente la importancia de la labor de la prensa en la entidad, así como el rechazo público a todos los ataques contra periodistas».
Además de establecer un trabajo en conjunto con autoridades federales «para implementar acciones que reviertan las causas que generan las agresiones e implementar planes de protección integral para las y los periodistas».
Agregaron que debe de intervenir la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atender los contextos de macrocriminalidad contra periodistas. Es deber del estado asegurar a las víctimas una reparación del daño integral, toda vez que, por omisión u acción, su gobierno no ha sido contundente en el combate a la impunidad y violencia contra la prensa», añadieron.