Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro., 07 de septiembre de 2020.- El Centro de derechos humanos ‘José María Morelos y Pavón’ ha difundido un comunicado en el cual exige a las autoridades estatales que cese la criminalización contra los defensores de este centro que asisten a los desplazados de Chichihualco.
Esta exigencia surge luego de que el pasado 31 de agosto, Ismael Cástulo, presidente municipal de Leonardo Bravo informó en conferencia de prensa que emitiría un veto para prohibir la entrada al municipio a los integrantes de dicho centro de derechos humanos.
Entre estos señalamientos, el alcalde refirió que durante este año y medio en que han brindado acompañamiento a los desplazados , los defensores han aprovechado para lucrar con ellos.
«El alcalde infirió una serie de comentarios criminalizantes contra el trabajo de esta organización y señalamientos directos contra otros integrantes como la defensora Teodomira Rosales Sierra. En estos, hacía referencia a que el Centro Morelos está lucrando con las familias desplazadas y les responsabiliza de que las familias no hayan podido retornar a sus comunidades» se lee en el comunicado.
Estas acusaciones, aunadas a las amenazas por parte del crimen organizado ocasionaron que en medio de la pandemia por covid19 los defensores del Centro Morelos tuvieran que abandonar la entidad ante la negación de medidas de seguridad por parte de las autoridades locales.
La pronunciación fue firmada por un cúmulo de Centros de Derechos Humanos, intelectuales, activistas y periodistas reconocidos a nivel internacional, quienes expresaron su preocupación a que este tipo de comentarios emitidos por servidores públicos continúen demostrando la labor que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por ello exigieron a los tres niveles de gobierno actúen para frenar y sancionar a quienes emitan discursos de odio y denostación hacia este tipo de organizaciones, asimismo, pidieron se abstengan a imponer restricciones al derecho al libre tránsito y por el contrario implementen mecanismos que garanticen la seguridad de quienes defienden los derechos humanos.