Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 15 septiembre 2020.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado a las 32 Comisiones Estatales de Defensa de Derechos Humanos en el país que brinde atención a las demandas de las madres de víctimas de violencia feminicida y que reconozca y dimensiones «la violencia que vivimos las mujeres y su agudización debido a la pandemia por Covid-19.
El OCNF es una red nacional conformada por organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, entre ellas Obvio Guerrero con presencia en nuestra entidad y fijaron una posición pública después de las protestas que realizaron feministas en Comisiones Estatales de Derechos Humanos de todo el país este lunes.
Consideraron que las demandas de las madres de víctimas y activistas que se han manifestado públicamente deben ser «atendidas de manera prioritaria y eficaz; como defensoras de los derechos de las mujeres vemos cómo la falta de atención en las Fiscalías, el poco avance en los procesos de investigación, el no juzgar con perspectiva de género, la impunidad en la mayoría de los casos, la protección -incluso a los propios delincuentes- y la nula sanción a las/os servidores públicos que revictimizan a las familias y a las víctimas, acrecienta el dolor y la indignación a nivel nacional».
Señalaron en un comunicado que los «avances en la materia son pocos y la pandemia por Covid 19 es otro factor que ha impedido que las instituciones y organismos, cumplan con su obligación de garantizar la atención y la sanción, postergando el acceso a la justicia, incrementando la zozobra y generando un retroceso con interminables impactos negativos en las víctimas, sobrevivientes y sus familias».
Por ello manifestaron «nuestro total respaldo a las madres de víctimas y activistas que a través de las tomas expresan el hartazgo e indignación por la falta de acceso a la justicia y por la no respuesta eficaz ante la violencia feminicida en México. Es la falta de respuesta y la ausencia de soluciones que atiendan la problemática de manera estructural, lo que deja sin respuesta a quienes llevan años arrastrando el lastre de la impunidad. A pesar del dolor, las ausencias irreparables y los impactos psicosociales, las acciones emprendidas reflejan el nivel de desatención que esta problemática tiene a nivel comunitario, municipal, estatal y federal».
Y lamentaron que a esta inercia oficial, se sume «la omisión de las Comisiones de Derechos Humanos, las cuáles en muchas ocasiones repiten el actuar de las autoridades a quienes tendrían que observar. La falta de atención a las recomendaciones que hacen hincapié en que el Estado mexicano generen acciones concretas para aminorar la impunidad que impide el acceso a la justicia a las mujeres ante un contexto de violencia generalizado y repleto de estereotipos discriminatorios contra las mujeres y niñas».
En ese contexto, sostienen que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2020 han sido asesinadas dos mil 223 mujeres, de los cuales 549 casos se están investigando como feminicidio, lo equivalente a un 24 por ciento.
Además también de acuerdo a cifras del SESNSP de enero a julio de este año 2020, se han denunciado un total de 30,612 delitos sexuales entre ellos, violación sexual, «la atención a la violencia contra las mujeres es impostergable y la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no debe ser considerado por las autoridades -y mucho menos por las Comisiones de Derechos Humanos- como un problema de seguridad pública, sino que debe ser atendido para erradicar la desigualdad y discriminación que viven las mujeres a lo largo y ancho del país, y que hoy por hoy acaba con la vida de al menos 10 mujeres al día».
Por ello demandaron atención a las madres de víctimas de violencia feminicida y defensoras de los derechos humanos en los distintos estados del país; reconocer y dimensionar la violencia que vivimos las mujeres y su agudización debido a la pandemia por Covid-19.
Pidieron además crear e impulsar «de la mano de familiares de las víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, soluciones que atiendan estructuralmente la problemática; se agilicen las investigaciones relacionadas con los delitos de género para evitar acrecentar la falta de acceso a la justicia, y sean las Comisiones de Derechos Humanos observadoras e impulsoras del cese de la impunidad».
En ese sentido, consideró que las autoridades y las Comisiones de Derechos Humanos deben contribuir «a la realización de medidas efectivas para la no repetición; y entre ellas se incluya la sanción a las autoridades que reproducen la violencia de género. Se garanticen los recursos necesarios para atender la problemática de acuerdo a los impactos negativos que genera en nuestra sociedad y exista rendición de cuentas para que su uso sea transparente y se utilice en acciones eficaces que contribuyan a prevenir y disminuir la violencia».
Pero además también que los municipios «tomen en sus manos las acciones que están en su competencia e impulsen las acciones necesarias en coordinación con los gobiernos estatales y el gobierno federal, a fin de hacer todos los esfuerzos necesarios para atender y evitar la continuidad de la violencia contra las mujeres. Discusiones van, discusiones vienen, pero realmente los cambios no los vemos. Es necesario que se asuma la responsabilidad de Estado y junto con las familias, sobrevivientes, Comisiones de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil se actúe para crear la vacuna contra la pandemia que por años ha acabado con la vida e integridad de las mujeres mexicanas. Este 15 de septiembre nuestro clamor es por la justicia», agregaron.