Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro., 21 de septiembre de 2020.- Tres trabajadores acompañados por el secretario de conflictos estatal, Julio César Pacheco, arribaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para interponer una queja por despido injustificado en el municipio de Apaxtla.
Julio César informó que en apoyo a la sección 16 acudió para exigir la reinstalación de los 3 trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Apaxtla, por el presidente de dicho municipio.
Hace 15 días los trabajadores fueron despedidos sin previa justificación por lo que emitieron un documento en el que se pide al presidente la aclaración de los despidos.
«Ese documento ya fue entregado y también venimos a interponer la queja a la Comisión de derechos humanos para que a través de esta se haga la recomendación al presidente para que los compañeros sean reinstalado y no se sigan violentando sus derechos laborales» informó el secretario.
Asimismo, Lázaro García Martínez, uno de los trabajadores afectados quien tenía 2 años laborando en el área de protección civil informó que un día miércoles su jefe le ordenó acudir a firmar la nómina y en ese momento le comunicó que el trabajo se había terminado para él.
Pese a que García Martínez pidió una explicación y tras buscar al presidente por varios días este aún continúa desconociendo el motivo de su despido y sin recibir una liquidación.
Además, Julio César Pacheco adelantó que se tiene conocimiento de que la administración actual continuará con los despidos y bajarán los salarios de los trabajadores de la Sección 16 de Apaxtla, por lo que exhortó a las autoridades dejar de caer en arbitrariedades.
Por otra parte, Ramiro Guadarrama Rondán, trabajador de seguridad pública en el mismo municipio, fue notificado de su despido a pocos días de llegar el pago quincenal, mismo que no le ha sido retribuido.
«Pasé a checar si me iban a pagar pero me dijeron que yo ya no podía cobrar porque yo ya no tenía trabajo ahí» puntualizó Guadarrama Roldán.
Finalmente los afectados ingresaron a las oficinas de Derechos humanos para entregar el documento esperando una pronta respuesta por parte de las autoridades municipales y estatales.