**Se niega Comisión Especial citar a comparecer a presidente del Tribunal Superior de Justicia
Texto: Bernardo Torres
Fotografías: Alberto Gomez/Eric Chavelas Hernández
Chilpancingo, Gro., 22 de septiembre de 2020.- Ante negativa de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa de citar a comparecer al presidente del Tribunal de Justicia, Alberto López Celis, normalistas arremetieron contra la sede del Congreso local.
La protesta de normalistas miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) se da en respaldo a los padres y madres de los 43 desaparecidos a casi seis años de estos hechos ocurridos en Iguala en 2014.
En esta ocasión los estudiantes realizaron pintas durante el mitin, posteriormente con la ayuda de un camión de una empresa tiraron el portón del estacionamiento y lo introdujeron hasta la entrada principal, donde le prendieron fuego.
Durante por lo menos media hora lanzaron una lluvia de petardos y bombas molotov contra las oficinas de los diputados y prendieron fuego a papelería y libros de la biblioteca «Siervo de la Nación» ubicada al interior del recinto.
Durante el mitin, los padres y madres reprocharon la negativa de los diputados de citar a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis para que explique el avance de las investigaciones por la pérdida de evidencias de la Noche de Iguala, grabadas por las cámaras del Palacio de Justicia en esa ciudad.
En un documento entregado el pasado 17 de septiembre a la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, presidida por el diputado Arturo López Sugía, los padres y madres piden que se les informe que ha pasado con la investigación sobre los videos que presuntamente se perdieron, así como los procesos administrativos y de otra índole que se hayan iniciado contra servidores por la citada pérdida.
El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron agredidos violentamente por todas las fuerzas de seguridad establecidas en Iguala y un grupo de la delincuencia organizada que operaba en ese lugar, con un saldo de tres asesinados, más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Precisan en el documento que de acuerdo a las investigaciones que realiza Ia Fiscalia General de la República, asi como el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el autobús 1531 de la marca Estrella de Oro fue interceptado por Policías Municipales de Iguala a la altura del Palacio de Justicia, y en ese lugar fueron bajados violentamente un grupo importante de estudiantes desaparecidos.
Según datos de pruebas recabados hasta ahora, una patrulla de Policías de Huitzuco arribó al lugar y se llevó a los estudiantes rumbo a Chilpancingo.
En el mismo lugar confluyeron Policias Federales que conversaron con los Municipales preguntando sobre los estudiantes, estos habrian respondido: «ya se los llevaron los de Huitzuco, allá el patrón sabrá que hacer con ellos».
Todos estos hechos e interacciones ocurrieron frente al Palacio de justicia. En este edificio, el día de los hechos, existían 6 cámaras de circuito cerrado que captaron lo que acontecía en Ias horas criticas.
De acuerdo con las declaraciones del personal técnico del Palacio de justicia de Iguala, asi como de la Magistrada en turno Lambertina Galeana Marin, intentaron hacer un respaldo, pero el dispositivo de almacenamiento estaba averiado y no grabó nada. De igual forma de tales declaraciones se aprecian inconsistencias, pues los funcionarios y técnicos nunca refirieron que el sistema de cámaras tuviera acceso remoto a través de la red.
«A la fecha no se ha tenido acceso a los videos del día y horas en que fueron agredidos los estudiantes de Ayotzinapa, tampoco tenemos conocimiento qué proceso internos o penales hayan iniciado Ias autoridades del Tribunal Superior de Justicia para indagar la existencia de los videos y su presentación a la investigación que realiza la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalia General de la República», reprocharon los padres y madres.
Al término de la arremetida contra las intalaciones, los jóvenes se retiraron a bordo de por lo menos 20 autobuses, mientras elementos de Bomberos y Protección Civil del Estado apagaron el fuego.
Asimismo, arribaron elementos de la Policía Estatal con equipo antimotines quienes acordonaron el edificio para que peritos de la Fiscalía General de Justicia llevaran a cabo el recuento de los daños e inicien las investigaciones correspondientes.
