Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 08 octubre 2020.- Para organismos públicos defensores de derechos humanos y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) es preocupante que la Cámara Federal de diputados haya aprobado la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en un país que es el segundo en el mundo con más asesinatos de periodistas.
Este jueves a través de un comunicado la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONU-DH manifestaron lo anterior y subrayaron que ese Fideicomiso busca implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.
En un comunicado conjunto, sostienen que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México «enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas. De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak».
Indicaron que en 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo, «en 2019 la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos».
Y señalaron que esa situación «han sido objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional. Así, México ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión».
Agregaron que en 2018 los países participantes en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizaron 21 recomendaciones a México relativas al Mecanismo de Protección, 17 de ellas relacionadas con la necesidad de dotar al mismo de los recursos adecuados para garantizar su eficacia.
Por ello subrayaron que en ese contexto, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, «elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México».
En conjunto consideran que es necesario «garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de medidas de protección. En este sentido, el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país».
En ese sentido hicieron un llamado «a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características. Por ello dichas instituciones observan con preocupación que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborde estos aspectos y elimine el Fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos».
Agregaron que cualquier reforma a ese Fideicomiso, «debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos. FMOPDH, CNDH y ONU-DH recuerdan que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos».
Finalmente, manifestaron que esperan que en el análisis que haga el Senado sobre la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, que haya una convocatoria «de una participación amplia en el proceso de dictamen, hacia el objetivo compartido de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos».