Texto: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro., 15 de octubre de 2020.- A tres años del asesinato del activista Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio Barrios y su ahijado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no ha entregado ningún avance de las investigaciones.
Este jueves, familiares del activista, amigos y miembros de su organización se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en exigencia de una audiencia con el fiscal, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien dicen se ha negado a recibirlos en varias ocasiones.
Encabezados por Diana Hernández, hija del extinto dirigente, llegaron a la sede de la FGE alrededor de las 10:30 de la mañana y fueron empujados al momento que pretendían colocar lonas alusivas al aniversario del múltiple homicidio.
Varios manifestantes quedaron retenidos al interior del estacionamiento de la fiscalía, entre ellos Norma Mesino, quien también exige justicia por el asesinato de sus hermanos Rocío y Miguel.
Diana Hernández, exigió que por primera vez el fiscal diera la cara ante esta exigencia en la que llevan tres años, pues en ninguna ocasión han sido llamados o citados para concocer los avances de las investigaciones respecto al asesinato de sus familiares.
Reclamó que la FGE no tiene la más mínima intención de resolver los crímenes y masacres de activistas a tres y siete años, en el caso de Rocío Mesino, crimen que también sigue en la impunidad.
Norma Mesino, también reprochó la revictimización de las instancias impartidoras de justicia en contra de los activistas caídos, entre ellos Ranferi y sus hermanos, a quienes les han negado la justicia.
En la mayoría de los casos, dijo, a los activistas asesinados se les ha tratado como delincuentes, y en las carpetas de investigación los asientan como secuestradores, contrainsurgentes o guerrilleros a fin de que los crímenes queden en la impunidad.
Ambas activistas, exigieron que el fiscal proporcione avances de las dos investigaciones y den con los responsables de dichos homicidios como lo establece la constitución y las leyes.