Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro. 22 octubre 2020.- Tras 16 meses de rezago en el Congreso local, hoy finalmente se entregó el dictamen de la reforma en materia penal sobre la excluyente de responsabilidades por el delito de aborto, mismo que fue declarado improcedente.
Desde el año pasado ingresó al Congreso local una iniciativa propuesta por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) misma que atendiendo a la Alerta de Género en el estado, solicitó la armonización del articulo 159 del código penal estatal respecto a la Ley General de Víctimas, con la que se buscaba desechar el requisito de la autorización del ministerio público para realizar la interrupción legal del embarazo.
Como fundamento ante la negativa, se argumentó que la Constitución política del estado libre y soberano de Guerrero establece que: «los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, con excepción de la materia penal y tributaria», siendo este un caso que compete al ámbito penal sobre la cual los ciudadanos promoventes no tienen facultad.
Como acuerdo se agregó un punto con el cual se propone convocar a la CONAVIM a audiencias públicas para el próximo mes de enero, con la finalidad de que pueda vertir su opinión sobre la dictaminación.
En este sentido, uno de los diputados promoventes, Arturo Martínez Nuñez, razonó su voto en contra y acusó a las Comisiones dictaminadoras de tergiversar la intención de la CONAVIM quien no pidió una reforma, sino un estudio y revisión, y en caso de encontrarse que se está cometiendo agravio comparado contra los derechos sexuales de la mujer, actualizar y armonizar el Código Penal conforme a la Ley General de Víctimas.
«De manera dolosa se está pretendiendo de ‘reforma’ que es como quiere hacerlo ver esta comisión, cuando en ningún momento fue esa la intención de la Conavim» externo el legislador.
Posteriormente el dictámen se sometió a votación económica donde fue aprobada con 25 votos a favor y sólo 3 en contra de los diputados Norma Otilia Hernández y Arturo Martínez Nuñez.
Entre otros asuntos resueltos por la Comisión de Justicia, se aprobó por unanimidad, el dictamen por el cual se aprueba el aumento de pena por cometer delito ambiental como la descarga de aguas residuales, líquidos químicos o bioquimicos, así como sólidos industriales.
Esta iniciativa propuesta por el diputado Moisés Reyes Sandoval propone que la pena con esta reforma al código penal sea de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 1200 días de multa, por lo que se permitirá una pena de mayor punidad contra las empresas que incurran en este delito.
En el mismo aspecto, se dio el aumento a la pena por delitos de Peculado, que con el dictamen aprobado esta tarde podrá ser sancionado hasta en un tercio más de la pena establecida.
De acuerdo a Flores Majul, la iniciativa propone realizar una adición al delito de peculado por lo que, en caso de incurrir en dicho delito con recursos o material destinados en materia de seguridad o de salud, la pena será aumentada hasta en un tercio más de los 3 meses a 14 años correspondientes a este delito.
Por otra parte, en las intervenciones tuvo lugar la participación de la diputada Erika Valencia Cardona sobre el feminicidio de la menor Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo.
En este la diputada y presidenta d ella Comisión de Igualdad de Género emitió un exhorto a los 3 niveles de gobierno para que atiendan la alerta de violencia de género en el estado.
Valencia Cardona destacó la omisión en la que incurrieron las autoridades al no emitir la alerta amber en un primer momento y esperar 24 horas para difundir el caso.
Por ello, pidió se investigue a fondo el caso, desde la dilación en el lanzamiento de la alerta amber, hasta la activación de protocolos de búsqueda de la menor.
«¿Donde estaban las autoridades? ¿Por qué no se les vio en las búsquedas? ¿qué medidas implementaron? Y hablo de los 3 niveles de gobierno» enfatizó la morenista.
Sobre el mismo tema abundó la priista Araceli Alelí quien aseveró que «la violencia más asquerosas la que se comete contra quien no se puede defender».
Asimismo, reprochó a la federación el recorte de presupuesto para la atención de la violencia contra la mujer, por lo que además de sumarse a la petición de Valencia Cardona, demandó mejoría del recurso destinado a esta causa.