Texto: Jesús Saavedra
Fotografías: Alberto Gomez
Chilpancingo, Gro. 25 octubre 2020.- Familiares de Juan Pablo de la Cruz Reyes denunciaron actuaciones «graves e irregulares» de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para vincular al campesino en el asesinato de la menor Ayelin Iczae de Tixtla que ha conmocionado a la sociedad, «están realizando investigaciones apresuradas para involucrar a gente inocente», denunciaron.
El viernes la mamá de Juan Pablo, Marta Reyes Martínez y su esposa, Dulce Guasco Vázquez denunciaron afuera de la FGE que desde el miércoles por la tarde en un operativo de agentes Ministeriales, el campesino fue detenido en Tixtla y trasladado a esta capital «para declarar».
Las dos personas acudieron a la FGE para saber la condición jurídica en la que se encontraba, Juan Pablo y les informaron que ahi no lo tenían detenido e inclusive les pidieron una fotografía de Juan Pablo para que la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitiera una alerta de búsqueda y localización.
Este domingo ofrecieron una conferencia afuera de la FGE de donde no se han movido desde el pasado viernes y a fuerza de su persistencia, el sábado por fin aceptaron que Juan Pablo estaba detenido, pero que sólo era por posesión de un cigarro de mariguana y que en horas recuperaría su libertad.
Dulce Guasco explicó que se reunieron con el Fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García quien les informó que estaba detenido por posesión de ese cigarro de mariguana y que en un plazo de 72 horas sería puesto en libertad, lo cual no sucedió.
Dijo que en este caso se están cometiendo graves irregularidades, porque fue detenido desde el miércoles y no fue puesto a disposición de manera inmediata de un juez y que existe constancia de su detención hasta el jueves y en la Fiscalía de combate al narcomenudeo, «sólo estaban ganando tiempo, él estaba contento porque iba a salir, nos decían que sólo era papeleo».
La señora, Marta Reyes García explicó que pudo hablar con su hijo en los separos de la Policía Ministerial y que le indicó que estaban otras tres personas detenidas y que estaba confiado de salir en libertad, «porque mi hijo no es ningún delincuente».
«Este domingo ya nos dijeron que están declarando ante un juez y que se necesita de un abogado para que responda su asistencia jurídica, acá nos tuvieron desde el viernes con engaños, con mentiras y con muchas burlas de los policías y de los abogados (de la FGE)» se quejó la mamá de Juan Pablo.
Insistió que el día que desapareció la menor Ayelin Iczae, Juan Pablo se encontraba en su domicilio y que realizaba sus actividades cotidianas de manera normal, «nos enteramos de su desaparición de la menor, pero mi hijo iba al campo, fue a ver a sus hijos a Atliaca el domingo, ahí estuvo hasta el lunes que regresó a la casa, de donde se lo llevaron el miércoles», agregó.
Se dijeron «engañadas por el Fiscal, Ernesto Jacobo García y esas actuaciones dolosas sólo indican que están cometiendo actos graves e irregulares en esta investigación, donde podrían acusar a un inocente como mi esposo», agregó.
En la manifestación, salió un agente de la policía Ministerial quien se identificó como el encargado de la Guardia del inmueble y que a esa hora Juan Pablo ya no estaba en los separos, «ya están declarando ante un juez» les dijo de manera escueta y eso molestó a su mamá, «nada más nos están engañando y se burlan de nosotras».
Dulce Guasca, indicó que en las próximas horas acudirán a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (CDDHG) a interponer una queja en contra de Ernesto Jacobo García y quien resulte responsable.
El viernes pasado el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrilla informó escuetamente que se tenían identificados en el crimen de Ayelin Iczae a tres personas y el perfil genético de una más.
También ese viernes afuera de la FGE, la señora Sonia Patricia Organista del Carmen acudió a denunciar que no han actuado internamente en contra del agente del Ministerio Público, Rubén Jacobo Mendoza y el Fiscal regional en la zona Centro, Ernesto Jacobo García a quienes acusa de haber cometidos actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
Explicó que en julio pasado los dos funcionarios en mención encabezaron un operativo en la colonia La Guadalupe en esta capital, donde sembraron droga y se robaron 60 mil pesos a ella y su esposo, quienes obtuvieron su libertad e interpusieron una denuncia interna y de la cual no se ha procedido.