Texto: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro., 18 de noviembre de 2020.- Integrantes del Frente de Resistencia por Guerrero marcharon nuevamente en Chilpancingo para exigir al Congreso del Estado rechazar las Leyes de Ingreso de los 81 Municipios, donde se pretende cobrar el alumbrado público en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Uno de los manifestantes, dijo que el 30 de septiembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia definitiva al Juicio de Acción de Inconstitucionalidad presentada en el mes de enero por la CNDH, en contra de los artículos 14 al 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Taxco de Alarcón, el cual quedó como primer antecedente.
En el punto 124 de la sentencia en consecuencia a los argumentos que virtió el Congreso del Estado de Guerrero señala que «esta autoridad carece de facultades para gravar el consumo de energía eléctrica, toda vez que es facultad exclusivamente del Congreso de la Unión».
En el 127, indica que no le asiste la razón al Congreso del Estado sustentar que el poder legislativo local esta facultado para determinar los porcentajes y tarifas que le corresponden a cada uno de los municipios por la prestación de los servicios públicos en materia de energía eléctrica.
«El establecimiento de este tipo de tarifas es facultad exclusiva del Congreso de la Unión en términos del Artículo 73, Fracción 29», indicó.
Es por ello, dijeron los manifestantes, el Los y las diputadas sabiendo que no es su facultad determinar las tarifas del alumbrado público, están obligados a rechazar los artículos anticonstitucionales de las Leyes de Ingreso de los Municipios presentadas por los alcaldes.
Pidieron que los díctamenes presentados sean socializados, presentados en foros de consulta, que se revisen por especialistas en la materia, a fin de que las leyes aprobadas sean en beneficio de la ciudadanía.
Lamentaron que hasta ahora ninguna cámara empresarial se haya pronunciado en contra de esta leyes, y prefieren andar tomándose la foto con políticos y gobernantes, buscando sus propios intereses y no los colectivos.
Adelantaron que a partir del 01 de enero iniciarán la lucha jurídica de la mano de la CNDH para impugnar las 81 leyes de ingresos de los municipios ante la SCJN.