Texto: Fabiola Ramos Gallo

Chilpancingo, Gro., 20 de noviembre de 2020.-Luego de que la fundadora del Movimiento Por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG), Kenia Hernández Montalván fuera detenida en Morelos, el pasado 18 de octubre por el delito de robo y daños a las vías de comunicación, una serie de testimonios por parte de ex presos políticos se han difundido en su contra al que hoy se suman declaraciones del ex preso político integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) Vicente Suástegui.

En su declaración, Vicente Suástegui desconoce como luchadora social a la que se ostenta como defensora de presos políticos y narra que, durante su estancia en la cárcel, Hernández Montalván nunca visitó a ningún preso y sólo se dedicó a tomar casetas, lucrando así con su nombre y el de sus compañeros.

Fue el 7 de enero del 2018 cuando la Policía Estatal implementó un operativo con el que irrumpió a la comunidad La Concepción con la finalidad de detener a algunos promotores en contra de la presa la Parota, en dicho enfrentamiento perdieron la vida 5 policías comunitarios y 25 integrantes del CECOP fueron detenidos; entre estos, Vicente Suástegui, su hermano Marco Antonio Suástegui, Javier Melchor y Manuel Everardo.

Una vez recluidos en el penal de las Cruces en Acapulco, se les imputaron delitos menores y se les fabricó un cargo por homicidio, sin embargo, tenían la esperanza que una vez que fueran liberados de este último cargo podrían alcanzar libertad bajo fianza.

Es en este proceso cuando Kenia Hernández aparece encabezando la toma de casetas de peaje y boteando para liberación de los anteriormente mencionados.

Para cuando les fue comunicado que podrían alcanzar libertad bajo fianza, Kenia ya se encontraba declarando a los medios de comunicación que contaba con la cantidad de 870 mil pesos para el pago de fianza de los cuatro integrantes del CECOP.

Sin embargo, a la hora de ser llamados para expedir las actas de libertad, se les informó que hasta el día anterior, sólo la fianza de Marco Antonio Suástegui había sido cubierta.

“Nosotros dijimos pues si ella declaró que ya tenían el dinero para pagar la fianza, tanto dinero que pidieron con nuestros nombres, porque cargaban nuestros nombres en la manta de todos y cargaban el nombre de Manuel Everardo, de Maximino, el mío, el de Javier y ¿Por qué no pagaban nuestra fianza, por qué nada más la de Marco?, nos dio coraje. Todo se nos vino encima, cuándo vamos a pagar esa fianza, 280 mil, casi 300 mil pesos de fianza de cada uno, estuvimos dos meses todavía dentro del reclusorio” comentó Vicente.

Asimismo, declaró que después de este golpe, Kenia Hernández continuó tomando casetas pidiendo dinero para la causa que supuestamente enarbolaba; pasaron los meses y la defensora nunca se acercó a los familiares de los presos políticos cuanto menos los visitó en el penal.

“Ella nunca ha sido una luchadora social, ella es oportunista se aprovecha de la gente, se aprovecha de los que están presos porque nunca va y dice ya pedí tanto dinero, voy ayudar a tu familia o verlos (a los presos) al reclusorio, les voy a llevar una comida, una cobija o algo, nada. Ella se dedica a andar robando porque no es una luchadora, es una lucradora social y la denuncio como tal y no pertenece al CECOP ni a la CRAC-PC” aseveró.

Finalmente, tras estar más de un año y medio preso, Vicente Suástegui alcanzó la libertad bajo fianza el 25 de junio de 2019 donde declaró contra su hermano por haberlos abandonado en el penal y expulsarlos del CECOP sin justificación.

Este distanciamiento entre los hermanos Suástegui, persiste hasta hoy, pues Vicente refiere que desde que Kenia pagó la fianza de Marco Antonio, vocero del CECOP, se logró un distanciamiento no sólo como familia, sino dentro del consejo.

“Mucha gente se retiró porque ha disminuido la amenaza de la presa hidroeléctrica y otra parte se retiró del CECOP cuando vio que Kenia ya estaba entrando a los pueblos, vestida de comunitaria, decía que ella era la comandanta de la CRAC-PC que la mandaban de San Luis Acatlán y se abanderaba con el nombre del compañero Gonzalo Molina” abundó.

Asimismo, hizo hincapié en que para pagar su fianza tuvieron que vender varias propiedades que había adquirido cuando trabajó en Estados Unidos porque cuando su esposa intentaba tomar las casetas era retirada casi inmediatamente.

“Quien pagó la fianza fue mi esposa, el INPI ayudó con una mínima parte, pero únicamente se le agradece. También compañeros de la CETEG apoyaron y se les agradeció y cuando salimos de ahí dijimos que no íbamos a parar la lucha ni nunca hemos parado”.

Después de su liberación, Vicente Suástegui quien ahora es taxista en Acapulco, informó que el hostigamiento por parte del Estado no ha cesado, pues hasta abril del presente año fue detenido injustificadamente y severamente torturado por fuerzas armadas del estado.

Mientras transportaba a una familia como parte del servicio que ahora ofrece, Vicente fue detenido por elementos de la Policía Estatal quienes comenzaron a insultarlo a lo que decidió arrancar el taxi y fue el momento en que dispararon abruptamente contra la unidad provocando que se estampara.

El ahora chofer, denuncia que le fueron sembradas armas, drogas y fue acusado por robo del vehículo en cuestión por lo que fue trasladado al cuartel de la Policía Estatal ubicado en las Cruces, donde fue torturado durante 5 horas mientras era interrogado por los policías sobre el paradero de su hermano, Marco Antonio.

“Tengo las marcas en la nuca, disparaban con sus armas en la tierra y el cañón del arma como estaba caliente me lo pegaban en la nuca, tenía abierto el cráneo de que me dieron un cachazo, moretones en el cuerpo. Después de 5 horas me llevaron a la PGR, pero como vieron que estaba en la camioneta todo golpeado dijeron “No a ese cabrón yo no te lo puedo recibir así” porque me querían imputar delitos federales”.

Sin embargo, al no poderle comprobar ninguno de los delitos de los que se le acusaba, Vicente fue liberado, aunque confesó que teme por la seguridad de su familia y responsabilizó al gobierno estatal de lo que pudiera llegar a sucederle a él o a su familia.

Aún con esto, reiteró su compromiso con las comunidades y la defensa de la tierra sobre todo con el CECOP que señaló “no está con ningún partido político”.

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