Texto: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro., 25 de noviembre de 2020.- Un grupo de feministas marcharon este miércoles en Chilpancingo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Cada 25 de noviembre se conmemora este día en memoria de las mujeres activistas políticas de República Dominicana, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas, torturadas y desaparecidas por el dictador Rafael Trujillo en 1960.
Unas 50 mujeres con pancartas contra la violencia y el machismo marcharon de la Alameda Granados Maldonado, hacia el sur de la ciudad, hicieron una parada en la Agencia del Ministerio Público, y retornaron hacia el centro, hasta la entrada al Paso a Desnivel.
En ese punto corearon consignas y leyeron un posicionamiento con exigencias a los tres órdenes y niveles de gobierno de que implementen políticas en defensa de los derechos y contra la violencia hacia las mujeres.
Demandaron garantizar los derechos a la salud reproductiva, la no revictimización y la no discriminación de las mujeres guerrerenses.
Al Poder Legislativo pidieron reformar el Artículo 159 del Código Penal del Estado, conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia, y de acuerdo a la ética pública laica, haciendo a un lado creencias religiosas individuales o colectivas para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual decidan sobre la interrupción del embarazo.
Al Gobernador, Héctor Astudillo Flores exigieron que ejerza su facultad de veto establecido en el artículo 74 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para no retroceder en los derechos humanos de las mujeres guerrerenses ante la iniciativa de ley que presentaron legisladores que obstaculiza el derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual y las obliga a sostener embarazos forzados.
«Garantizar una vida libre de violencia y discriminación a través de la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias machistas contra las mujeres guerrerenses, tomando en cuenta los principios, instrumentos y mecanismos locales, nacionales e internacionales, para su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su bienestar y desarrollo.