Texto y fotografía: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 18 de diciembre de 2020.- El Consejo local del INE advirtió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que si no se garantiza la seguridad en el proceso electoral en curso, los resultados pueden quedar bajo sospecha por la injerencia de grupos «facticos» quienes pondrían en marcha «la idea criminal del exterminio político radical que representa el hecho de la desaparición física de quienes compiten» en la elección que concluirá el 6 de junio del próximo año.
El presidente del Consejo, Dagoberto Santos Trigo y los consejeros, Sonia Alarcón Sosa, Antonia Ramírez Marcelino, Hegel Mariano Ramírez, Analid Mier Bautista, Alfredo Ramírez García, Celestino Vélez Prestegui ofrecieron una conferencia para condenar la violencia y llamar la atención de las autoridades para atender ese tema.
Lo anterior luego del asesinato del aspirante a la candidatura del PRD en la alcaldía de Chilapa, Antonio Hernández Godinez el pasado 25 de noviembre en ese municipio de la zona Centro de la entidad y por ello este viernes fijaron un posicionamiento «respetuoso pero enérgico derivado del asesinato político en Chilapa de Álvarez», señaló Santos Trigo.
El presidente del INE en el estado dio lectura a un posicionamiento público, donde señalaron que la «única herramienta válida para acceder al poder, es el voto ciudadano emitido de manera auténtica, libre y sin visos de coacción o presión. Por eso en el INE rechazamos categóricamente la violencia proceda de donde proceda».
Santos Trigo subrayó que «no es por la vía de la violencia, de la violación de la vida o de la integridad física como es posible ‘vencer’ a los otros, a los contendientes, a quienes nos son ajenos y no deseamos su participación en la liza electoral. Lo más valioso para las sociedades democráticas -que nunca se nos olvide- es el reciclaje de la élite política a través del voto popular porque es el reflejo de la sociedad estructurada por cada uno de quienes integramos el cuerpo político».
Y sostuvo que las autoridades «tienen la obligación no solo jurídica sino moral, de preservar la tranquilidad pública y establecer las condiciones para que la paz social sea una garantía de que los procesos electorales no se verán alterados, inducidos o manchados por la fuerza fáctica de las balas».
El consejero señaló que en una auténtica democracia, «a quienes no queremos que sigan gobernando o a quienes deseamos que lo sigan haciendo o lo vayan a hacer, se les castiga o premia, o se les permite o impide participar únicamente por medio del exclusivo camino legítimo para hacerlo: los sufragios que otorga la ciudadanía de manera libre y razonada, a través de mayorías consolidadas».
Dijo que los consejeros conocen «las fragilidades que presenta nuestra débil democracia mexicana, conocemos el contexto de polarización en que se desenvolverá el proceso electoral en estos meses que siguen; sabemos que falta mucho por avanzar en el tema de la seguridad a pesar de la creación de nuevas organizaciones policiales militarizadas.
En suma, la complejidad de nuestras condiciones en las que se desarrollará el proceso electoral que ahora comienza a tomar ritmo, es superlativa, y más en entidades amenazadas por la mano criminal de quienes pretenden imponer su voluntad a los demás por medio de la fuerza ilegal de la violencia».
Y aseveró que el «artero asesinato» de Antonio Hernández Godinez «que aspiraba a ser postulado por su partido a un cargo de elección popular en el municipio de Chilapa de Álvarez, es una señal que por sí misma enrarece el escenario político aún si los motivos de su desaparición física no están relacionados directamente con la participación electoral».
Por ello los consejeros electorales, consideran que la democracia «no puede ser rehén de la fuerza, de la ignominiosa ley del más fuerte, de la peligrosa concepción de ver en el otro no a un ser diferente al que se debe tolerar y ‘ganar’ por los mecanismos civilizatorios de la competencia política genuina, sino mediante el uso de cualquier método al costo que sea porque se le concibe no como una persona, si acaso como un ser degradado que carece de valía y dignidad».
Puntualizó que los consejeros, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno «nuestra preocupación porque otra vez la violencia aparezca en el desarrollo de los comicios», luego del crimen del perredista en Chilapa.
Sostuvieron que «unas elecciones bajo las balas, bajo la presión de grupos fácticos ilegítimos o en situaciones de extrema peligrosidad, no solo para las y los actores políticos participantes, sino también para todos quienes intervenimos en la organización de las elecciones, es un hecho que altera enormemente los principios democráticos que deberían prevalecer y hacen extremadamente complicada la operación logística para la implantación de los procedimientos electorales y sus resultados finales».
Por ello hicieron un «llamado respetuoso, pero a la vez enérgico, para que se garantice la seguridad de aspirantes, candidaturas, servidor electoral y ciudadanía que acudirá a votar el domingo 6 de junio del año próximo. La seguridad pública es el mayor bien colectivo que la autoridad debe garantizar; representa la esencia del Estado y su razón de existir. Sin seguridad pública no sólo es imposible la vida en sociedad, también es muy difícil la celebración de comicios auténticos, libres y efectivos como lo mandata la Constitución».
Pidieron que entre autoridades haya «la suficiente coordinación y adecuado desempeño para que el escenario durante las precampañas, intercampañas, campañas, y el día de la jornada electoral sea de protección del bien jurídico elemental y más valioso que tenemos: la vida e integridad física de quienes conformamos la sociedad guerrerense. Sin eso, nuestras elecciones tendrán actores ganadores y perdedores, aunque los resultados estarán viciados por el respeto a la pluralidad política que debe prevalecer para que todas las personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad puedan participar en el procedimiento democrático».
Agregaron que las elecciones «pueden estar bajo sospecha, no por la pulcritud de sus procedimientos, no por apartarnos de los principios rectores de la función electoral que nos rigen, sino por la idea criminal del exterminio político radical que representa el hecho de la desaparición física de quienes compiten y, en consecuencia, de la ausencia de nuestra capacidad, como sociedad, para procesar el conflicto político por la vía civilizatoria del voto popular».
Al final Santos Trigo dijo que las autoridades estatales no los han invitado a la elaboración de un mapa de riesgo y que hasta este momento el INE no tiene identificada ninguna región como foco rojo o en alerta por la inseguridad y la violencia.