Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 28 de diciembre de 2020.-A un año de que integrantes del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’ fueran atacados por policias estatales durante su ejercicio como defensores en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), han denunciado que esta agresión en conjunto con el caso de los desplazados en dicho municipio continúan hasta hoy en la impunidad.
A través de un boletín de prensa, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra recordó lo sucedido el pasado 28 de diciembre de 2019 cuando al tratar de sostener un diálogo con la Guardia Nacional para que brindaran seguridad a las comunidades desplazadas de Leonardo Bravo que estaban siendo atacadas por el grupo delincuencial ‘Los Tlacos’; Elementos de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal reaccionaron de manera represiva contra los defensores de dicho centro Manuel Olivares y Teodomira Rosales.
«La UFE, en lugar de que brindaran apoyo reprimieron a golpes, jaloneos, gritos mostrando como opera la seguridad en nuestro estado de Guerrero» se lee en el boletín.
De igual manera, resaltó que, además de las agresiones físicas y sexuales que sufrieron, elementos de seguridad les robaron pertenencias como teléfonos celulares, computadora y documentos.
«nuestras pertenencias las bajaron de la camioneta rompiendo los cristales quitándole la pila, poncharon las llantas, para que nos quedáramos en total desamparo» enfatizó la defensora, y denunció que hasta hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido ninguna recomendación sobre esta agresión.
Por otra parte, como un breve informe anual sobre el caso de los desplazados en dicha zona, mencionó que ha sido un año complicado debido a la pandemia pues durante este periodo se han presentado 25 contagios, así como el fallecimiento de una persona de la tercera edad y 2 abortos de féminas que contrajeron covid.
Como anteriormente han referido el tratamiento y atención médica para todos los casos positivos entre los desplazados fueron gestionados por el Centro Morelos.
Entre otros eventos que afectarán de manera significativa, se destacó la eliminación del fideicomiso que proporcionaba recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), asimismo, expusieron que a 23 jefes y jefas de familia no les ha llegado el apoyo para renta y/o alimentación, algunos desde el año 2019 y otros del 2020.
Por ello, la abogada lamentó que «la federación no dé visos de contar con una estrategia de repliegue o desarticulación del grupo delincuencial que los desplazó» por lo que vaticinó poca probabilidad para que las comunidades retornen a su lugar de origen dado que el próximo 2021 será mucho más complejo debido al proceso electoral.