Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 24 de enero de 2021.- La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se deslinden responsabilidades en contra de los servidores públicos federales que hayan filtrado parte de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace más de seis años años en Iguala.
Este fin de semana el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, unas fotografías de la denuncia que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la FGR.
Ahí señalan que el pasado miércoles 20 de enero el periódico Reforma publicó información «concerniente a la desaparición de Ayotzinapa, Guerrero», donde se difunde información que «fue obtenida de una declaración rendida ante la FGR por un testigo protegido denominado Juan».
En la denuncia, destacan que en la información difundida por Reforma se muestran extractos de la declaración de «Juan N» y que son «de las características de los que oficialmente elabora el Ministerio Público (Federal)».
«De ser cierto lo que el periódico publica (tanto información que se transmite, como los documentos reproducidos parcialmente), entonces se estaría difundiendo un acto de investigación practicado por personal de la FGR, que tiene a su cargo la carpeta de Investigación que se lleva por el denominado caso Ayotzinapa», señalan en la denuncia presentada.
Por ello indican que la Constitución establece que es facultad exclusiva del Ministerio Público la investigación de los delitos, «en tanto que sólo a éste le compete la conducción y mando del ejercicio de esta función» y que el Código Nacional de Procedimientos Penales «establece la reserva de los datos de investigación, previendo que, incluso con las limitaciones establecidas en el propio Código, únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos».
Puntualizan en la denuncia que ese mismo Código contempla como delito contra la administración de la justicia cometido por servidor público, «el dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en la carpeta de Investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o de resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales».
Agregan que en caso de ser cierto lo que público Reforma se desconoce el nombre del servidor público que esa información y documentación bajo reserva de la FGR, «salvo de error de apreciación de nuestra parte, se desprende que los responsables de la filtración son aquellos que están a cargo de la investigación del denominado caso Ayotzinapa».
Y por ello solicitan al la FGR que inicie una investigación de esta filtración «una vez practicados los actos de investigación necesarios, judicializarla como corresponda a los que resulten autores y/o partícipes de los hechos, con apariencia de delitos denunciados», agregaron.
De acuerdo a ese testimonio que rindió este testigo protegido y en las nuevas investigaciones que realiza la FGR, la noche de la desaparición de los normalistas, también desaparecieron otras 30 personas y en los hechos además de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, también participaron elementos en activo del Ejército.