Texto: Fabiola Ramos Gallo
Chilpancingo, Gro., 01 de febrero de 2021.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNFeminicidio) y el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO) reportan que a 7 meses de que se emitiera la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Guerrero, hasta hoy hay nula respuesta por parte del Estado.
De acuerdo a dichas organizaciones, en un contexto cada vez más impune contra las agresiones sexuales contra mujeres en la entidad, el Estado aún no presenta un plan de trabajo para atender esta problemática.
En el informe, se da cuenta del proceso de esta AVG que fue solicitada desde el 8 de marzo del 2019, misma que fue declarada hasta un año y 3 meses después por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Es así que aunada a la prolongación para emitir y decretar la Alerta, a escasos días de cumplirse 7 meses de los 18 establecidos como periodo límite para que se presente un plan de trabajo que favorezca la protección y vida de las mujeres, las autoridades estatales no han hecho público ningún avance en materia.
Asimismo, se presenta el disparo en los altos índices de agresiones sexuales presentados en los 2 años anteriores inmediatos, mismos que se obtuvieron tras realizar una solicitud a través de transparencia a la Secretaría de Salud.
«Las autoridades informaron que en 2019 se atendieron 252 víctimas de violencia sexual; en 2020, con fecha de corte a septiembre, las atenciones fueron 407. Es decir, hubo un aumento de más del 100%» puntualizan las organizaciones en el reporte.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contabilizó que de enero de 2019 a abril del 2020 en Guerrero se registraron 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.
Debido a las alarmantes cifras, el OCNFeminicidios y OBVIO solicitaron al Poder Ejecutivo presentar su plan de acción y transparentar públicamente los recursos destinados para su elaboración.
De igual manera, al Poder Judicial, le exhortaron realizar una revisión y análisis de las carpetas de investigación de casos de mujeres consignadas por el delito de aborto.
En tanto, al Poder Legislativo le solicitaron reforme de manera inmediata el artículo 159 del Código Penal estatal para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación sexual.
Cabe resaltar que este último ha sido motivo de controversia en el Congreso local, donde se han presentado continuamente manifestaciones de colectivos feministas quienes acusan a algunos legisladores de sobreponer y privilegiar sus ideologías religiosas ante los derechos de las víctimas.