Texto: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 08 de marzo de 2021.- Al menos 150 familias de la Sierra del municipio de Coyuca de Catalán están siendo desplazadas de sus pueblos a Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, por la violencia generada por grupos criminales en esa zona de la Tierra Caliente de Guerrero.
Este lunes, el Centro Regional de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón» (Centro Morelos) y varias organizaciones sociales lideradas por féminas ofrecieron este lunes una conferencia de prensa por el Día Internacional de la Mujer.
En ésta, recordaron que la conmemoración fue decretada el 08 de marzo de 1975 y que con ello «se oficializaron las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de oportunidades respecto de los hombres y el no a la discriminación hacia la mujer».
No obstante, denunciaron que, pese a este decreto, no hay día en que una niña o una mujer sea desaparecida, asesinada o desplazada.
«Nadie se ha preguntado cuántas mujeres y niñas han sido desplazadas sin esperanzas de tener una vida libre de violencia machista y cuántas mujeres desplazadas han fallecido fuera de sus pueblos, de sus casas», cuestionaron.
En su intervención, la representante del Colectivo «María Herrera», Gema Antúnez Flores dijo que del 2009 a la fecha el INEGI tiene documentados 133 desplazamientos de mujeres por la violencia en el estado, y que los municipios con mayor registro son Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Por su parte, la directora del Centro-Morelos, Teodomira Rosales Sierra dijo que aunado a lo anterior, este lunes estaban siendo desplazadas otras 150 familias, entre féminas y hombres, de las comunidades El Ciruelo, El Pescado y Hacienda de Dolores, anexos del Ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, a Ciudad Altamirano.
Lo anterior, a causa de la violencia generada por los grupos delictivos la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan el trasiego de enervantes y los recursos maderables de esa zona de la Tierra Caliente del estado.
Es por ello que «hoy volvemos a alzar la voz por las mujeres, por aquellas mujeres víctimas invisibles de la guerra por el control del territorio, por parte de los grupos paramilitares en diferentes municipios de la Sierra que ponen en riesgo a la población civil que queda en medio de las balas…».
Exigieron a los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de las familias afectadas «y que respeten las leyes, los derechos humanos que se encuentren plasmados en nuestra constitución y en los tratados internacionales».