Texto y fotografías: Fabiola Ramos Gallo
Acapulco, Gro., 22 de junio de 2021.- La médico cirujana y anestesióloga igualteca, Marisa Brito Brito, vinculada a proceso por la compra de 6 ampolletas de fentanilo, se defendió ante el proceso iniciado en su contra por delitos contra la salud, y aseguró que la compra de este fuerte anestésico fue debido a la escasez de medicamento y con fin absolutamente humanitario.
En conferencia de prensa realizada en el Hotel Calinda en Acapulco, la doctora Brito y su representante legal, Antonio Navarro de ‘Blindaje Médico Jurídico’ revelaron las inconsistencias legales durante el proceso de la imputada.
Como punto medular destacaron que la adquisición de este poderoso anestésico se dio en medio de la pandemia, justo cuando se encontraba el semáforo rojo y frente al desabasto de insumos y medicamentos en el Hospital General de Iguala donde labora la médico involucrada.
De acuerdo con su representante legal, existe un sustento jurídico en la Ley General de Salud y Normas del ramo en las que se establece que «la atención médica debe llevarse a conformidad de los principios científicos y éticos» lo cual el abogado sugiere es obligación de la médico sobreponer la integridad de los pacientes.
En ese sentido, puntualizó que no se puede realizar una traqueostomía ni cirugías sin apoyo de un anestésico; en este caso, reiteró sería utilizado principalmente en pacientes que tendrían que ser intervenidos con intubación en casos COVID-19.
Dejó en claro que hay un evidente desconocimiento por parte de Fiscalía General de la República (FGR) ya que en la misma ley que se basan para inculpar a la doctora, se establece que «médicos, veterinarios y dentistas pueden prescribir o utilizar este medicamento».
Además el proceso tiene un punto de controversia porque la acusan de comprar, cuando «intentó comprar porque en realidad nunca le fue entregado el medicamento» ya que según lo informó la inculpada este fue retenido en San Luis Potosí.
Si bien reconocieron que el Fentanilo es utilizado por diversos grupos delictivos para crear otro tipo de droga sintética, la doctora cuenta con cédula como médico cirujana y anestesióloga.
Además defendieron el hecho de que el medicamento no lo adquirió de manera ilegal, sino a través de un grupo de anestesiólogos donde contactó a alguien que había proveído a más médicos de la Federación Mexicana de Anestesiología.
Aclararon que dicho proveedor ya fue citado a comparecer; sin embargo, hasta el momento no ha respondido ante las autoridades.
Ante las presuntas inconsistencias, el representante de Blindaje Médico destacó que la Fiscalía violentó los derechos de presunción de inocencia de la médico y los derechos humanos no sólo de la acusada, sino de la colectividad al poner en riesgo la vida del paciente y los derechos del gremio al limitar el uso de anestésicos.
Finalmente dieron a conocer que en Iguala sólo hay 5 anestesiólogos para atender a toda una población de 80 mil personas, dato que resulta relevante ante la supuesta injusticia cometida contra la Doctora Marisa.