Texto y fotografías: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro., 25 de junio de 2021.- Luego de dos años estancada, finalmente el proyecto de reforma a la Ley Indígena está terminado y en breve le será entregado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el delegado del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero.
El funcionario federal, dijo que luego de una etapa de foros donde se recogieron las demandas de los Pueblos Indígenas y Afromestizos este 04 de julio se presentará la propuesta a los pueblos y promotores de esta iniciativa.
Dijo que el pasado jueves se llevó a cabo una reunión preparatoria en la que estuvieron presentes diferentes representantes indígenas, ex diputados y dirigentes de organizaciones que han insistido en esta reforma.
Adelantó que el próximo 04 de julio el proyecto se presentará en asambleas regionales, que tendrán lugar en Chilpancingo, Tlapa, Ayutla y Ometepec y posteriormente entregado al presidente López Obrador, quien lo llevará a su vez ante el Congreso de la Unión.
«La iniciativa recoge los logros, las reivindicaciones y las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma constitucional a los estandares internacionales en la materia y transformar las actuales estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano para atender y resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminacion que padecen dichos pueblos», dijo Vázquez Quintero.
También se busca dijo, dejar atrás cualquier idea de tutelaje o suplantacion de la voluntad de los pueblos y se funda el ejercicio pleno del derecho de libre determinación y autonomía, reconociendo su carácter de sujetos de derecho público, lo que les permitira volver realidad sus propios ideales de desarrollo, decidir libremente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y fortalecer sus culturas, lenguas, principios y valores comunitarios.
«El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, modifica sustantivamente el paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger o tutelar; en contraste, se crean las condiciones para que sean sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional», indicó.