Texto: Fabiola Ramos Gallo
Fotografía: Archivo
Acapulco, Gro., 30 de junio de 2021.- Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PF) de José Joaquín de Herrera se deslindaron por la migración de 16 ciudadanos de la comunidad de Tierra Blanca quienes han decidido abandonar su lugar de origen por voluntad propia para huir de las responsabilidades que adquirieron en pasados acuerdos de asamblea.
De acuerdo con un oficio girado al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; la CRAC-PF puntualizó que estas 16 personas «no son desplazados, son personas desobedientes que no quieren someterse a los acuerdos de asamblea».
Según lo informan, esta problemática tiene su origen en el año 2014 cuando la comunidad Tierra Blanca se integró al sistema de seguridad de la Policía Comunitaria por problemas agrarios y principalmente por problemática del agua.
Desde entonces las autoridades comunitarias aseguran no estaban respetando los acuerdos de incorporación a la Policía Comunitaria y mucho menos cumplían con las labores de guardia comunitaria.
Por ello, a los involucrados se les giró un oficio el pasado 16 de junio en donde se les convoca a asamblea general donde se pondría sobre la mesa este incumplimiento.
En ese tenor, y huyendo de las responsabilidades que habian asumido en asamblea; Saturnino Alonzo Guerrero, Raúl Alonzo Guerrero, Porfirio Domingo Ortiz, Julio Domingo Ortiz, Maximino Alonso Díaz, José Federico Hernández, Saúl Toribio Pascasio, Cruz Bolaños Hernández, Silverio Reyes Sánchez, Valentina Pérez Hernández, Engracia Pascasio Hernández, Francisco Elidio Mendoza Romero, Eufemia Díaz Pascasio, Urbano Alonso Gatica, Artemio Alonzo Domingo y Minerva Guerrero Hernández «abandonaron por voluntad propia su comunidad llevándose todas sus pertenencias» desde el pasado 20 al 22 de junio.
Por otra parte, la Policía Comunitaria dejó en claro a los tres niveles de gobierno que «las acciones de la Policía Comunitaria son legales y legítimas, la ley reconoce su función como actos de autoridad» así mismo, especificaron que cuentan con el respaldo de sus comunidades, además de las leyes, tratados internacionales y la Constitución Política Mexicana y Estatal que las avalan.
«Exigimos respeto y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse de que somos delincuentes» concluyeron el oficio.
Esta declaración se da luego de que tanto el gobierno federal como estatal y algunos ediles municipales, se manifestaran en contra de las policías comunitarias, guardias blancas y autodefensas acusándolas de presuntamente estar infiltradas por la delincuencia organizada.