Texto y fotografías: Bernardo Torres
Chilpancingo, Gro., 16 de julio de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador acudió a Guerrero en su visita número 15, en Chilpancingo fue recibido con protestas, entre ellas, reporteros que exigieron garantías para ejercer el oficio y por periodistas desplazados.
Tras estar en Chilapa, una de las ciudades más violentas de Guerrero, acudió a Chilpancingo, donde la protesta más fuerte fue por reporteros que demandan garantías, y la libre expresión.
Para llegar al presidente los reporteros tuvieron que avanzar entre empujones y jaloneos con los elementos de la avanzada del presidente, su equipo de seguridad y simpatizantes que pretendían acercarse al mandatario.
El secretario de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Luis Blancas Rayo, indicó que en los últimos 18 años han sido asesinados 19 periodistas y uno más se encuentra desaparecido en Guerrero.
A la fecha los casos siguen impunes y no hay avances de las investigaciones por parte de los organismos de procuración de justicia para dar con los responsables de los homicidios, generando un clima de impunidad que incita a seguir arremetiendo contra los periodistas.
La presencia del crimen organizado que tiene secuestrado esta entidad suriana ha afectado la labor periodística, porque hay zonas silenciadas donde los periodistas no pueden realizar su trabajo, por ser intimidados y amenazados de muerte por civiles armados.
En el caso de la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, donde se ubica cerca el cuartel de la Guardia Nacional que hoy inauguró hay presencia de supuestos policías comunitarios que según brindan seguridad a la población, pero han sido denunciados por los pobladores por violentar sus derechos humanos.
El 21 de mayo del 2018 los integrantes de la guardia comunitaria retuvieron a dos reporteros que acudieron a la localidad a cubrir un accidente automovilístico, y después fueron liberados porque sus compañeros realizaron un bloqueo en la carretera federal México – Acapulco. Un año después los policías comunitarios retuvieron a dos trabajadores de Radio Universidad.
Por estos hechos periodistas y comunicadores no pueden acudir a cubrir un evento a esa población por temor de ser agredidos y detenidos de manera irregular.
En Iguala han incrementado los hechos de violencia por la disputa de territorio por grupos de la delincuencia organizada, situación que ha provocado del desplazamiento forzado de comunicadores para proteger su integridad física de ellos y sus familiares.
Pero también esa violencia creciente y las amenazas constantes a la labor periodística, ha provocado el desplazamiento forzado de compañeros de Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Chilapa, por citar algunos casos.
En agosto pasado el reportero de nota roja y director de la página de Facebook PM Noticias, Pablo Morrugares Parraguirre fue ejecutado a balazos en Iguala y dos meses después de este hecho, periodistas y reporteros emitieron una alerta por ser amenazados por integrantes de la delincuencia organizada a través de llamadas y mensajes a WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia.
Además, el gremio periodístico en el estado ha sido víctima de agresiones por parte de autoridades policiacas y ser criminalizados por las autoridades del gobierno estatal al realizar la labor de informar.
El caso reciente, la noche del sábado 03 de julio, agentes de la Policía Estatal a bordo de la patrulla con el número 514, allanaron de manera violenta la casa del director del Diario de la Tarde de Iguala, Julio César Zubillaga Ríos, incorporado al mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, adherido al Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno de México.
Como Delegación XVII del SNRP y reporteros de diferentes medios de comunicación hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador, Héctor Astudillo Flores a garantizar el ejercicio periodístico en el estado, para evitar más agresiones, asesinatos de comunicadores y que aplique políticas para respetar y salvaguardar la integridad física de este sector social vulnerable.