Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 17 de agosto de 2021.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto presentado por el legislador de Morena, Rubén Cayetano García y que va dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar «acciones inmediatas y efectivas a fin de dar con el paradero de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido desde el 5 de agosto en Acapulco».
Cayetano García expuso esta propuesta en la sesión de la Comisión Permanente donde da cuenta de la desaparición de Suástegui Muñoz desde la noche del jueves 5 de agosto, cuando se dirigía a su domicilio en Ciudad Renacimiento cuando fue interceptado un grupo de hombres armados, que se lo llevó con rumbo desconocido.
Señaló que Vicente Iván Suástegui Muñoz es dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), «una organización de base conformada por comunidades rurales del municipio de Acapulco, que se enfrentaron a la Comisión Federal de Electricidad para proteger su territorio y defender el Río Papagayo e impidieron la construcción de la presa».
El legislador federal, sostuvo que desde el 2003 el Cecop «ha sido un movimiento incómodo para las autoridades federales y estatales, por su férrea oposición a la hidroeléctrica que afectaría a veinticuatro comunidades indígenas y rurales, además de perjudicar a cinco municipios, en los que se desplazaría a más de veinticinco mil personas y setenta mil sufrirían las afectaciones indirectas de la hidroeléctrica».
Y que eso ha provocado que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Cecop haya sido encarcelado en tres ocasiones y hasta la fecha cuenta con otras órdenes de aprehensión, «esta persecución política tiene como finalidad diezmar la fuerza opositora del Cecop. Por su parte, autoridades estatales y municipales han alentado la polarización comunitaria, al grado de que se han suscitado asesinatos y confrontaciones entre simpatizantes del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec y miembros del Cecop».
En ese contexto, recordó que en enero del 2018, en el marco de la fiesta patronal en la comunidad de La Concepción, se suscitó un enfrentamiento entre el grupo de la comisaría y elementos de la policía comunitaria, que dejó un saldo de varios muertos, «a media mañana llegaron grupos de la policía estatal a la comunidad de La Concepción, para someter a los miembros de la policía comunitaria. A los pocos elementos que había, los desarmaron y, de manera arbitraria, ejecutaron a dos miembros de la policía comunitaria. Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien acudió a prestar auxilio a las familias de los asesinados, fue detenido y torturado por la policía ministerial. En ese operativo detuvieron a veinticinco miembros del Cecop de manera arbitraria y, además, torturaron a ocho personas. Entre los veinticinco detenidos se encontraba Vicente Iván Suástegui Muñoz. En el centro penitenciario fue aislado junto con su hermano Marco Antonio Suástegui, por el lapso de un mes como una forma de castigo».
Rubén Cayetano, aseveró que la desaparición de Vicente Iván Suástegui Muñoz «se da en un clima de violencia perpetrada tanto por los actores estatales como grupos de la delincuencia, que en algunas ocasiones actúan en connivencia. Por esa razón, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que agotar todas las líneas de investigación, tomando en cuenta su activismo social, los actos de molestia de los que fue objeto por parte de la Marina en su domicilio, e identificar el vehículo y las personas que perpetraron la desaparición».
Y demandó en el punto de acuerdo que se aprobó que «las autoridades federales, estatales y municipales, que se realicen las investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas y que se lleven a cabo las búsquedas necesarias empleando todos los recursos materiales y humanos que el caso lo amerite para dar con su paradero».
Agregó que por la desaparición de Vicente Iván Suástegui Muñoz, se inició la carpeta de investigación número 12030080200466060821 que se tramita ante el Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana del Distrito Judicial de Tabares, adscrito a la FGE, «a la fecha las investigaciones no presentan avances significativos y no se sabe del paradero del defensor comunitario».