Texto y fotografías: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 27 de agosto de 2021.- Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), adheridos a la sección 32 del SUSPEG, retuvieron al director de la paramunicipal, Ismael Rosas Castillo y a otros 10 de sus colaboradores.
Además, tomaron y cerraron con cadena y candado los accesos de estas mismas oficinas centrales que se ubican en la calle 16 de Septiembre del barrio de San Mateo, en esta ciudad, en donde desde hace más de un mes mantienen un paro laboral.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:00 del día, lo que derivó en empujones entre los funcionarios y los manifestantes. Éstos últimos también gritaron consignas como: «¡Fuera ratas de la Capach!»;»¡Auditoría a la Capach!»;»¡Fuera Toño Gaspar!».
Entrevistado en el lugar, el líder de la sección 32 del SUSPEG, Gaudencio Atrisco Campos dijo que ayer sostuvieron una reunión con el alcalde y con Rosas Castillo, sin embargo, acusó que no hubo solución a su demanda del pago de su segunda quincena del mes de julio y la primera de agosto para 236 empleados que aglutina la organización.
Tampoco, agregó, les dieron una respuesta al pago de sus prestaciones laborales como prima vacacional correspondiente al primer periodo 2021, despensas, uniformes, devolución de la cuotas sindicales, pagos de marcha, retribución del ISR al aguinaldo y prima vacacional 2020, entre otras, cuyo adeudo asciende a unos 6 millones de pesos.
Dijo que el argumento que les dan las autoridades es de que no se cuentan con los recursos para poder solventar los pagos, no obstante, acusó que «cómo va a tener dinero la Capach si han estado cobrando menos a los usuarios de lo que deben pagar por el servicio».
Mostró fotocopias acumuladas en lo que va de la administración de «Toño Gaspar» en donde se observa cómo un usuario debía poco más de 65 mil pesos, pero el organismo sólo le cobró 2 mil pesos; a otro, le «perdonaron» pagar más de 4 mil 600 de más de 16 mil que adeuda
No descartó que el organismo esté condonando el pago del impuesto por el servicio de agua a la clase política, así como a instituciones públicas, lo que habría provocado la crisis financiera del organismo público descentralizado y con ello adeudos millonarios a los trabajadores y a la Comisión Federal de Electricidad por suministro de energía eléctrica.
Tras llegar a acuerdos y con la condición de no sustraer ningún documento ni sellos del área administrativa, alrededor de la 1:00 de la tarde fueron liberados el director Rosas Castillo y los 10 colaboradores, tras más de un hora retenidos, pero las oficinas centrales continuaban tomadas y cerradas.