Texto y fotografía: Jesús Saavedra

Chilpancingo, Gro. 02 de agosto de 2021.- Un trabajador del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) denunció que sin garantías de un espacio limpio y con las condiciones adecuadas de sanidad son obligados a acudir a trabajar o de lo contrario los amenazan con levantarles actas administrativas para que sean despedidos de su trabajo.

Este jueves el trabajador del TJA ofreció una conferencia de prensa, donde pidió el anonimato y se identificó con una credencial laboral de esa instancia de gobierno y explicó que decidió denunciar este hostigamiento laboral que están padeciendo.

Informó que tiene 27 años laborando en eñ TJA y que ahora en plena pandemia y con un elevado índice de contagios «nos están obligando a ir a trabajar con el semáforo epidemiológico en color rojo, con muchos contagios y con casi mil muertes en agosto».

Explicó que la sede de la Sala Superior y Sala Regional del TJA se encuentran en sus instalaciones en la colonia La Cinca donde laboran unos 70 trabajadores de base y eventuales.

Informó que la mayoría de trabajadores está inconforme con las disposiciones administrativas en plena pandemia de la presidenta del TJA, Marta Elena Arce García «nos obliga a trabajar a algunos 3 veces a la semana y a otros toda la semana, lo grave es que no disponen de gel antibacterial, sanitizante, debemos comprar nuestros cubrebocas, bueno ni jabón para lavarnos las manos hay en los baños».

Dio a conocer que en esta tercera ola de la pandemia del coronavirus se han infectado una docena de trabajadores, que han subsidiado con recursos propios su atención médica y que han puesto como ejemplo a las autoridades del TJA para alertar del riesgo que corren los trabajadores.

Indicó que las autoridades del TJA han preferido invertir «en la remodelación del jardín, en unas instalaciones que relativamente son nuevas y no en una prioridad sanitaria, para tratar de garantizar condiciones mínimas de seguridad laboral en esta pandemia del Covid-19».

Añadió que el TJA tiene un presupuesto anual de 100 millones de pesos y que deben priorizar en invertir en el acondicionamiento de sus instalaciones para que sea un espacio seguro y con las herramientas sanitarias adecuadas en esta pandemia del Covid-19.

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