Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 21 de octubre de 2021.- Pesa a las constantes denuncias de alerta de la creciente violencia contra las mujeres en la región de la Montaña, en apenas 20 días de este mes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» ha documentado 6 feminicidios en extrema violencia y sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno desplieguen políticas públicas para prevenir y castigar esas conductas ilícitas.
A un par de días de la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a la región de la Montaña, esa organización civil advirtió del contexto de violencia feminicida y de venta de mujeres en comunidades indígenas de Tlapa, Metlatonoc y Cochoapa, principalmente.
La abogada, Neil Arias Vitinio dijo que la labor de «Tlahinollan» ha sido el de visibilizar los índices de violencia contra la mujer indígena en esa región marginada del estado y del país, que insistió se ha agravado con la pandemia del Covid-19 y el confinamiento social que obligó a las personas para protegerse de los contagios del coronavirus.
Arias Vitinio, puso como ejemplo que a pesar de la campaña que han emprendido para visibilizar esa violencia y que las autoridades pongan atención, «la violencia no ha bajado, al contrario, en octubre es un mes muy violento, se han presentado muchas muertes de mujeres, tenemos documentados 6 feminicidios en Tlapa, en comunidades de Metlatonoc, de Tlacoapa».
La abogada de Tlachinollan, aseveró que esos crímenes o feminicidios de mujeres, «son hechos que indignan, que son condenables, hay una falta de atención, hay dilación de las autoridades para atender estos casos de violencia contra la mujer».
Uno de esos casos sucedió el 7 de octubre en el municipio de Tlacoapa, donde una mujer de 76 años, «fue asesinada de manera muy cruel, es un feminicidio que se cometió y uno de sus agresores previamente había cometido hechos de violencia, pero lamentablemente no hay una investigación diligente y esperamos que las autoridades actúen, porque mientras no haya castigo los agresores van a seguir repitiendo esas conductas».
Recordó que en los casos que ha trabajado como asesores jurídicos Tlachinollan del 2014 a la fecha, se han podido obtener 5 órdenes de aprehensión a la Fiscalía General del Estado (FGE), «el problema es que no hay voluntad para que haya justicia; no hay voluntad para que la fGE detenga y procese a estos perpetradores y eso genera impunidad y un mensaje de cometerlo de nueva cuenta».
En ese sentido, la abogada se refirió al caso de la menor Angélica de la comunidad de Dos Ríos municipio de Cochoapa El Grande, quien fue apresada por haber huido de la casa del suegro, quien pretendía abusar sexualmente de ella y quien reclamaba el regreso de los 150 mil pesos que pactaron para que se casara con su hijo, «es un ejemplo de la situación que viven las mujeres en comunidades de Cochoapa el Grande, es una práctica que se viene reproduciendo desde hace años y la dote era un acto más cultural de los pueblos originarios que se ha tergiversado y se ve como un negocio».
Lamentó que a la mujer se le trate «como objeto para venderse, tristemente es la historia de muchas niñas y mujeres, que sufren además de violencia, abusos, acosos, hostigamientos y violaciones; el caso de Angélica es digno porque trato de romper con el círculo de violencia que vivía en este matrimonio forzado, las autoridades municipales saben de este problema».
Dio a conocer que Tlachinollan atendió otro caso similar en esa comunidad indígena de Cochoapa, «la niña dejó a su esposo porque la acosaba e intentaba abusar sexualmente de ella; los suegros ofendidos pidieron que fuera detenida con sus padres y eso sucedió».
Abundó que los suegros de la menor, «en lugar de pedirles que regresaran los 150 mil pesos que pagaron por el matrimonio, la familia del novio o del esposo estaba exigiendo el doble, es decir 300 mil pesos y los encarcelaron; decidieron dejar libre a la muchacha para que consiguiera dinero a sabiendas de las autoridades del municipio, quienes a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos, son permisivos».
Señaló que con la mediación de Tlachinollan, «se logró un acuerdo de devolver una parte del dinero que entregaron por este matrimonio arreglado, pero los volvieron a detener porque no estaban conformes con el monto económico que les devolvieron y los obligaron a pagar más dinero».
Aseveró que las autoridades de los municipios donde se registran esos casos, «no deben seguir fomentando esta práctica que es un problema grave, debe haber atención especial en estos municipios; e llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero a las autoridades comunitarias también para que no sigan siendo permisivos con esos abusos», agregó.