Texto y fotografías: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 16 de noviembre de 2021.- Habitantes de diversas comunidades indígenas, líderes e integrantes de organizaciones sociales, entregaron esta tarde al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, su propuesta para que Vidulfo Rosales Sierra, el abogado de los 43, sea considerado en la terna de la que saldrá el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
Diana Hernández, hija del extinto luchador social Ranferi Hernández, y Marco Antonio Suástegui Muñóz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), entre otros defensores de derechos humanos y activistas, consideraron que Rosales Sierra es el más idóneo para ocupar el cargo que dejó vacante Jorge Zuriel de los Santos Barrila.
En el documento que leyeron afuera del Poder Legislativo previo a su entrega, dijeron que «durante décadas hemos padecido la criminalización a nuestra lucha, los órganos de procuración de justicia se han usado de manera facciosa para colocarnos fuera de la legalidad, implementando acciones penales para perseguirnos y encarcelarnos».
Agregaron que «han sufrido en carne propia» la falta de acceso a la justicia por los casos de sus familiares asesinados y desaparecidos, y que las investigaciones se han dilatado, «adolecen de irregularidades y en la mayoría de los casos existe impunidad».
Tales como, ejemplificaron, los crímenes de Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Armando Chavarría Barrera, Miguel Ángel y Rocío Messino, Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino, Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y Ranferi Hernández Acevedo.
Además, indicaron que las desapariciones de Gregorio Alfonso Alvarado, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Arnulfo Cerón Soriano y Vicente Iván Suástegui permanecen sin esclarecer.
«Indígenas y campesinos nos tratan con desprecio cuando recurrimos a los órganos de procuración de justicia, esperamos largas horas y no somos atendidos en nuestros reclamos. Los comerciantes sufrimos los estragos de la violencia de grupos criminales que nos extorsionan y amenazan a plena luz del día sin que los órganos de justicia hagan algo, pese a las denuncias que interponemos», denunciaron.
Acusaron que en la Fiscalía General del Estado «persiste la corrupción, varios ministerios públicos conciben la justicia como un medio para obtener ganancias económicas, mientras las víctimas caminan con su dolor a cuestas», en tanto que las Fiscalías regionales «carecen de personal para dar atención de calidad a la gente».
Agregaron que no existen los suficientes peritos para atender diversas materias. Por ejemplo, destacaron que en zonas indígenas carecen de peritos intérpretes y del sexo femenino para atender a mujeres víctimas de violencia. «Los índices de feminicidios van en aumento, sin que haya investigaciones prontas e imparciales y efectivas que castiguen a los perpetradores».
Aunado a ello, denunciaron que «los servidores públicos dan un trato prepotente, discriminatorio e insensible a quienes acuden en búsqueda de justicia», y que es por ello que se ha perdido la confianza en la Fiscalía «y la gente desiste de denunciar, produciéndose un aumento en el ciclo de la violencia y vulneración a las leyes en detrimento del ciudadano de a pie que sufre las consecuencias de la impunidad».
Indicaron que en este contexto y ante el proceso de elección del Fiscal General del Estado, acuden al Congreso local a proponer a Vidulfo Rosales Sierra para que sea integrado a la terna de la que saldrá el nuevo titular, y consideraron que éste «debe conocer la materia y saber del caminar escabroso de las víctimas que transitan en el laberinto de la justicia».
En ese sentido, aseguraron que el abogado de los 43 es una «persona de probada honestidad, con conocimientos amplios en materia penal y derechos humanos, con una trayectoria de 20 años de litigio en la defensa de luchadores sociales criminalizados, asesinados y desaparecidos, persona con una mística de servir a la gente, comprometido con el cumplimiento de las leyes a favor de los de abajo y con el acceso a la justicia para los que menos tienen».
«Estamos seguros estará a la altura que demandan los nuevos tiempos, su actuación será imparcial y no sucumbirá a la tentación del dinero y el poder que corrompe y genera injusticias», manifestaron.
Luego de leer el documento, Diana Hernández, Marco Antonio Suástegui Muñóz, hermano del desaparecido Vicente Suátegui, entraron hasta la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, y le entregaron la propuesta. Los acompañó el diputado Masedonio Mendoza Basurto.
En su respuesta, Sánchez Esquivel primero escuchó a los impulsores y después les firmó y selló de recibido el documento y les aseguró que lo analizarán con detenimiento, sin embargo, les hizo saber que para cumplir con el proceso, Rosales Sierra se tiene que registrar primero, pero que finalmente será la soberanía del Congreso quien decida al mejor perfil.
Pero, los líderes sociales le advirtieron al diputado que no permitirán que haya un «fiscal carnal» o una posible imposición al frente de la titularidad de la Fiscalía General del Estado.