Texto: Jesús Saavedra
Fotografía: Archivo
Chilpancingo, Gro., 21 de diciembre de 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los matrimonios y uniones infantiles forzadas en Guerrero y ese órgano que se de una «expresión sistemática de la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes», en particular en la región de la Montaña y llama a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a agotar todas las acciones que sean necesarias para erradicar esta práctica, sancionar a los responsables y reparar el daño ocasionado a las víctimas.
La CNDH dijo que como institución pública participaron Primer Tribunal Regional contra Matrimonios Forzados de niñas en Guerrero “Las niñas cuentan” que se realizó en Tlapa en días pasados y tras ese ejercicio, ese organismo reiteró que el matrimonio infantil y las uniones forzadas que involucran a personas menores de edad, «constituyen prácticas delictivas y representan violaciones graves a derechos humanos basadas en actos de discriminación y violencia de género que atentan contra su dignidad, su derecho a la salud, a la educación y a una vida libre de violencia, entre otros».
Explicaron que ese Tribunal se realizó en Tlapa, el pasado 10 de diciembre y fue organizado por la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, «tuvo como objetivo condenar y visibilizar las violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de niñas y adolescentes obligadas a contraer matrimonio o mantener una unión forzada a cambio de una remuneración económica».
Señalaron que en ese Tribunal contra Matrimonios Forzados participó personal de la CNDH y de expertas en la materia y culminó con la condena a la prevalencia de esas prácticas y la elaboración de un Pronunciamiento de siete puntos, entre los que destacan el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios en todos los niveles y desde la educación básica.
Además proponen «la integración en el Plan Nacional Estatal de Desarrollo de proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de derechos humanos y de género con enfoque intercultural; tomar acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región montaña del estado de Guerrero; armonización de las leyes locales que condenen y castiguen con pena máxima esta práctica».
Explicaron que plantean además la «creación de sinergia institucional mediante un plan de intervención de dependencias como la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Asuntos Indígenas, DIF, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), entre otras, que procuren y salvaguarden los derechos de las niñas y adolescentes; y la promoción de espacios seguros y hogares libres de violencia a través de un plan emergente integral de protección para las niñas y adolescentes de la región Montaña».
Y lamentaron que a pesar de los «logros del SIPINNA, como la prohibición del matrimonio de personas menores de edad en las leyes locales de niñez y códigos civiles o familiares de las 32 entidades federativas, así como la eliminación de las excepciones y dispensas previstas en la normatividad, persistan las uniones de hecho en las que, como resultado directo o indirecto de situaciones de índole económico, social, cultural o de las profundas desigualdades existentes en nuestro país, las niñas y adolescentes son forzadas a involucrarse en relaciones con personas de mayor edad que ellas».
Subrayaron que las y los menores de edad «no pueden manifestar su consentimiento libre, completo y espontáneo para contraer matrimonio o aceptar una unión de hecho, por lo que, en estos casos, se está ante la presencia de actos delictivos que muchas veces se ejecutan utilizando coacción, manipulación, amenazas u otros medios para inducir la decisión de las jóvenes».
Ese organismo sostuvo en este pronunciamiento público de este martes que los matrimonios forzados en niñas y adolescentes «impactan en el incremento de embarazos en menores de edad con implicaciones en la salud materna, pero también en el incremento de la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos. De acuerdo con el informe de UNICEF ‘Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe’ las niñas más expuestas al riesgo de matrimonio infantil son quienes viven en zonas rurales, en hogares pobres y con menor acceso a la educación».
Agregaron que la pandemia del Covid-19 «ha incrementado significativamente los riesgos de que niñas y adolescentes se vean involucradas en uniones forzadas. El reporte ‘Rompiendo la Cadena’, publicado por la organización internacional World Vision, revela que el matrimonio infantil se duplicó en varias comunidades en México entre marzo y diciembre del 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019».
Puntualizaron que esa organización «advirtió que la crisis económica y el deterioro de los sistemas de apoyo ha sido una de las causas que promueven el matrimonio infantil ya que, ante el desempleo, la pérdida de ingresos familiares y la incapacidad de proveer económicamente para el grupo familiar, se ha acudido al matrimonio o uniones de hecho de niñas con personas adultas, aun cuando la legislación local lo prohíbe», finalizaron.