Texto: Fabiola Ramos
Fotografía: Milenio
Acapulco, Gro., 27 de diciembre de 2021.- De acuerdo con el defensor de Derechos Humanos y ex preso político Gonzalo Molina sólo 2 de 50 presos políticos han alcanzado su absolución en su proceso penal durante este 2021.
Según lo informó Molina, Promotor de la CRAC-PC y actual defensor de presos políticos en Guerrero en la anterior administración se logró la absolución de al menos 2 de los 50 presos políticos procesados en el país y prevén tener mesas de diálogo con la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda para continuar con la defensa jurídica encaminada a la liberación de indiciados a quienes se les han fabricado delitos graves por asumir la defensa de pueblos y comunidades indígenas.
En una entrevista para Pulso Informativo el dirigente de la CRAC-PC informó que no ha sido fácil conseguir la liberación de compañeros pese a la pandemia, que por decreto de la Orgabización Mundial de la Salud (OMS) ordenó la salida inmediata de quienes están confinados en cárceles de alta peligrosidad.
Cabe mencionar que de estos casos, algunos van de delitos comunes como secuestro hasta federales como terrorismo mismo que han sido fabricados por anteriores administraciones del Estado. Entre ellos destacan el caso del defensor de mantos acuíferos Marín Cruz Avellaneda.
Dentro del proceso penal que se ha llevado al Tribunal de Justicia del Estado, Gonzalo Molina comunicó que se ha encontrado detenido el litigio durante esta administración debido a las vacaciones decembrinas; sin embargo, ya han mandado al menos 2 oficios a la actual gobernadora para continuar con las mesas de trabajo que permitan el proceso de liberación de compañeros imputados por delitos que no cometieron.
Ante este hecho, el defensor -dijo- que al analizar la carpeta de los procesos penales han encontrado que no existen pruebas suficientes que acrediten los delitos que se le han adjudicado por lo que deberían estar en libertad absoluta.
Algunos más, han incluso cumplido el 60 + 1 de las sentencias por las cuales fueron procesados e incluso algunos no cuentan con una sentencia oficial por parte del aparato de impartición de justicia.
Lo más grave de todo esto es que a los inculpados se les ha hecho firmar documentación en blanco, sin saber si quiera los delitos que les atribuyeran, violentando así el debido proceso; tal es el caso de al menos 8 presos indígenas en Acapulco a quienes no se les proporcionó un traductor para reconocer sus derechos.
Ante la promesa de Salgado Pineda de poner atención a los casos de presos políticos en Guerrero y la posibilidad de revisar cada caso para deliberar a los injustamente culpados de delitos prefabricados, el Defensor y Promotor de la Policía Comunitaria manifestó que en caso de que no se resuelvan estos temas habrán de realizar movilizaciones a las Oficinas del Poder Ejecutivo.