Texto y fotografías: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 11 de enero de 2022.- La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) que preside Eduardo Loria Casanova, ordenó iniciar a partir de este martes una auditoría financiera, administrativa y de nómina al Colegio de Bachilleres (Cobach) de Guerrero.
En un recorrido realizado en las oficinas centrales de esa institución, ubicadas en la avenida Ignacio Ramírez, en el centro de esta ciudad, se observó a personal de esa dependencia en el edificio para iniciar justamente con los procedimientos.
Entre ellos se encontraba Iván Giovanny Rendón Encarnación, comisario público de dicha dependencia estatal adscrito al Cobach, quien vigiló que se cumpliera con este ejercicio, y aseguró que la auditoría no era partidario únicamente del Cobach sino de otros organismos públicos.
Y es que argumentó que esto es parte de un plan anual de transparencia y rendición de cuentas girado por el titular de la SCTG, en cumplimiento a lo dispuesto por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en materia de combate a la corrupción.
En el caso del Cobach, indicó que el tema de entrega-recepción se realizó en su momento conforme a la ley, pero que fue derivado de las inconformidades del director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, que entró en el plan de auditorías para el 2022.
Pero después, reconoció: «detectamos algunas irregularidades que nuestro secretario tiene muy presente, muy en claro; irregularidades que se han detectado en el Colegio de Bachilleres”.
Entrevistado después en el mismo lugar, el director del Cobach, Jesús Villanueva Vega reafirmó que la presencia del personal de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, es para iniciar con los trabajos de una auditoría financiera, administrativa y de nómina al Cobach.
Lo anterior, indicó, derivado de la entrega-recepción en la que se hicieron observaciones, adelantando que se encontró un «colapso financiero» que asciende a alrededor de mil millones de pesos en materia de incumplimiento de obligaciones fiscales y laudos laborales.
Informó que por ello, darán todas las facilidades para llevar a cabo esta auditoría, aunque dijo que será finalmente la Secretaría de Contraloría quien dictamine si la responsabilidad recae sólo en la pasada administración que encabezó el priísta Fermín Álvarado Arrollo, o en contra de los antecesores de éste.