Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 23 de febrero de 2022.- El caso de una menor de edad de 10 años a la que se le negó la interrupción legal del embarazo en el Hospital General de Chilpancingo, debe de ser un caso que impulse una reforma que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la práctica legal se haga sin “objeción de conciencia”, aseveró la senadora, Patricia Mercado Castro.
El pasado 14 de febrero una niña de 10 años de edad de la etnia Me phaa embarazada producto de una violación, por la que presentaron una denuncia penal en el Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón” para que se practicara una irrupción legal del embarazo.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Salud, se les explicó a la menor y a su tía con la que iba acompañada, de los riesgos que implicaba interrumpir el embarazo avanzado y que se retiraron del lugar; aunque otras versiones indican que se negaron a asistir medicamente a la paciente.
La menor fue atendida en el Hospital del Niño y la Madre Guerrerense en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue asistida medicamente para la interrupción legal del embarazo.
Este caso fue tema en la sesión del Senado y lo llevó la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado y aseveró que a la menor de edad se “le negó el derecho al aborto por violación en Guerrero –al cual accedió cinco días después- nos recuerda que tenemos que legislar sobre objeción de conciencia e interrupción del embarazo, de acuerdo a la sentencia de la SCJN”.
Mercado Castro afirmó que “tendría que investigarse la responsabilidad de las autoridades del Hospital (Raymundo Abarca) que incumplieron la norma 046 que establece sin lugar a dudas el derecho irrestricto para interrumpir el embarazo por violación en los servicios públicos de Salud, sin revictimizar”.
La senadora recordó que en el Senado hay “varias iniciativas en proceso de dictamen, varias iniciativas en la materia que proponen modificar diversas leyes y que en conjunto tienen el apoyo de integrantes de todos los grupos parlamentarios, propusimos después de la resolución de la SCJN, sobre la objeción de conciencia y el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres”.
Agregó que ya pasaron dos años de la iniciativa que presentaron las senadoras, Malú Micher, Jesusa Rodríguez y Citlalli Hernández “sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva de cómo garantizamos esto en nuestro país” y no se ha concluido el proceso legislativo.
Afirmó que el caso de la menor de edad en Guerrero, es ejemplo que se tiene que terminar los procesos administrativos “porque seguramente en cuántos hospitales, clínicas de los servicios públicos de Salud se les niega (el derecho a abortar), con absoluta equivocaciones e información mal dada a niñas, mujeres, adolescentes, la posibilidad de tener la interrupción del embarazo en caso de una violación y ahora además de poderlo interrumpir simplemente por la decisión de las mujeres”.
E hizo un llamado “a que estas iniciativas puedan salir adelante y nos pongamos de acuerdo para poder legislar en este sentido a favor de esta niña de 10 años que afortunadamente supimos y se pudo solucionar que otro Hospital no objetor de conciencia o que no tenía objetores de conciencia le hizo la interrupción del embarazo”.