Texto y fotografías: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 20 de abril de 2022. – El alcalde municipal de Tixtla de Guerrero, Moisés González Cabañas denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte, por lo que interpuso denuncias penales en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable y descartó que vaya a pedir medidas cautelares.
En conferencia de prensa este día en esta ciudad capital, el munícipe dijo que las amenazas las ha recibido mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y a través de visitas domiciliarias.
Agregó que también funcionarios cercanos a él han recibido llamadas y mensajes amenazadores y que incluso en su casa de la titular de la Controlaría Interna, Erika Vázquez, pegaron una fotografía de ella con alfileres y rodeada con tierra de panteón.
Sin poder asegurarlo, dejó entrever que esta situación proviene de un conflicto laboral que mantiene el Ayuntamiento con al menos nueve trabajadores de confianza despedidos que exigen su reinstalación.
González Cabañas indicó que a pesar de las amenazas no modificará su seguridad, ni la de sus colaboradores, solo ha tenido que cambiar de número telefónico en tres ocasiones a fin de no ser molestado por sus detractores, pues estableció que todo es un tema político.
Dijo que ante esto interpuso denuncias penales en la Fiscalía General del Estado y prevé iniciar más procesos contra quien resulte responsable y descartó que vaya a pedir medidas cautelares o que traiga consigo guaruras.
Respecto al conflicto laboral, el alcalde morenista dijo que no hay ninguna posibilidad de que los 70 trabajadores despedidos al inicio de su administración, incluidos los nueve que han estado protestando, sean reinstalados en sus puestos.
Dijo que estas manifestaciones son políticas y no legales ni laborales, pues se trata de personas que eran trabajadores de confianza que debieron dejar la administración al concluir el trienio del gobierno anterior.
Sin embargo, dijo que les ha ofrecido tener diálogo directo para que se les liquide más de lo que marca la ley, que sería pagándoles el equivalente a tres meses de salario y 20 días por año trabajado, además de las quincenas que han transcurrido hasta el momento.