Texto: Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 21 de abril de 2022.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar la situación jurídica en que se encuentran cuatro integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quienes se encuentran presos desde hace 20 años y no pudieron acogerse a los beneficios de la amnistía que firmó el año pasado.
Este jueves en la conferencia en Palacio Nacional al presidente le recordaron que en septiembre del año pasado, el Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala le entregaron una carta de esas cuatro personas.
Le recordaron que son sobrevivientes de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 y donde se asumen como “perseguidos por el Estado mexicano y que hasta la fecha están presos luego de procesos irregulares que incluyeron torturas, falsificación de pruebas y declaraciones de supuestos testigos”.
Se trata de los casos de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, los cuatro afiliados a la OCSS, quienes en la misiva señalan a Genaro García Luna como su persecutor.
El 25 de junio López Obrador firmó un acuerdo presidencial para la liberación anticipada de presos, pero beneficio a estos cuatro integrantes de la OCCS.
El presidente señaló que en su momento dio respuesta a esa carta de los integrantes de la OCSS, “pero no alcanzó el decreto a que estos detenidos pudieran ser liberados, el marco legal no lo permitió”.
López Obrador dijo estar “muy consciente de que no se ha hecho justicia en varios casos, porque no es adecuado el marco legal y hay muchas resistencias, no sólo en el Ejecutivo, también en el Poder Judicial. Pero no vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia cometida, pueda resarcirse el daño y sobre todo garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”.
Y dijo que este “caso en especial lo vamos a tratar con el secretario de Gobernación. Porque pues todos sabemos lo que sucedió en ese vado de Agua Blanca. Para los jóvenes, en efecto, era un grupo de campesinos que se trasladaban para hacer una protesta y los estaban esperando policías y les dispararon a mansalva, y hubo muertos. Eso condujo a que en ese entonces saliera el gobernador (Rubén Figueroa Alcocer) y entrara el que después fue también gobernador, Ángel Aguirre”.
Insistió que era gobernador, RubénFigueroa Alcocer “el que estaba cuando esta matanza y de entonces data esta situación, y quedó demostrado que fue una acción autoritaria”.
Lamentó que se haya generado esta “masacre de 17 campesinos, todos sabemos eso, y no puede ser que por cuestiones de tipo jurídico o… No jurídico, porque tampoco puede uno decir que todo lo jurídico es malo, no, sino por la desidia, por la burocracia, por las leyes que se hacen para castigar siempre al pobre, al desposeído, al que no tiene con qué comprar la inocencia, que no tiene abogados para su defensa.
Entonces, sí vamos a actuar en eso, o sea, eso es lo que te puedo comentar y me comprometo a que en esta misma semana se tenga un informe de la situación de estas personas que están detenidas”, añadió.