Texto y fotografía: Juan Blanco
Chilpancingo, Gro., 27 de mayo de 2022. – El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), José Alfredo Romero Olea llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a investigar y sancionar a quienes estuvieron detrás de la desaparición y posterior asesinato del estudiante de Ingeniería Civil, Justino Tapia Rosendo, originario de Ayahueltempa, municipio de José Joaquín de Herrera, quien además fue desmembrado y posiblemente sus restos esparcidos, dado que su cuerpo llegó incompleto al Semefo de esta ciudad capital.
Cuestionado después de asistir este viernes como invitado al primer informe de labores de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytán, justificó que a ellos como máxima casa de estudios de la entidad no les corresponde ver los asuntos que tienen que ver con crímenes de sus alumnos, en este caso el del estudiante indígena de la Montaña Baja, sino que es tarea de las autoridades de justicia.
Sin embargo, lanzó un llamado a “que se investigue y ojalá que también se sancionen a los culpables de esta situación que señalas”. En esta ocasión los que estarían detrás de estos hechos serían integrantes del grupo criminal “Los Ardillos” que operan en esos municipios, y a quien la policía comunitaria de la CRAC-PC-PF siempre los ha responsabilizado de estos crímenes.
El líder universitario negó que la UAGro guarde silencio ante estos hechos de violencia en contra de los alumnos, dado que no había emitido un comunicado sino hasta hoy que fijó una postura al ser cuestionado duramente sobre el tema que, además, no ha trascendido como otros asesinatos de universitarios.
A pregunta expresa anunció que por parte de la institución habrá apoyo de cualquier tipo a los familiares de la víctima mortal, siempre y cuando ellos así lo soliciten, lo que dejó entrever que de manera independiente no lo harán, y descartó que como máxima casa de estudios de la entidad se vayan a movilizar para exigir justicia, bajo el argumento de que “hay otros tiempos”.
“Yo creo que primero vamos a hacer las solicitudes para que se atiendan este tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que ir paso a paso porque nosotros respetamos lo que es el estado de derecho”, señaló.
De acuerdo con un recuento de hechos, el joven se trasladó el sábado 21 de mayo de Ayahualtempa a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, Hueycantenango, para trabajar como cada fin de semana en un mototaxi, cuyo empleo alternaba con su carrera que cursaba en la UAGro, en esta ciudad capital.
Sin embargo, alrededor de las 14:00 horas fue privado por presuntos integrantes de la célula criminal “Los Ardillos” mientras prestaba el servicio, según contó un miembro de la policía comunitaria de la CRAC-PC-PF a la que pertenece su padre, y desde ese momento perdieron contacto con él.
No obstante, durante las primeras horas del domingo 22 de mayo a sus familiares les notificaron del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona entre los poblados de San Marcos Huitláhuac y Tlachimaltepec, muy cerca de Ayahualtempa, y se trataba del alumno de 19 años de edad.
Por ello, personal del Servicio Médico Forense acudió hasta esa zona de la Montaña Baja de Guerrero para levantar el cadáver y trasladarlo a sus instalaciones a Chilpancingo, en donde más tarde fue reconocido por sus padres.
Pero una llamada realizada ayer a este medio de comunicación por el comandante de la CRAC-PC-PF, Antonino Toribio Gaspar dijo que la información que les proporcionaron es que el estudiante no sólo fue asesinado sino también desmembrado y posiblemente sus restos esparcidos, de modo que el cuerpo no fue traído completo a la morgue.
Agregó que lo anterior ha provocado que no sea entregado a sus familiares para sepultarlo después de cinco días de hallarlo, porque el personal del Semefo les dice justamente que “no han encontrado todas las partes del cuerpo. Esa es la justificación”.